Nacionales
Ministerio de Trabajo creará mesa de diálogo para buscar conciliación entre empresas y empleados despedidos en emergencia del Covid-19
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó la creación de una mesa de diálogo con las empresas demandadas en el periodo de la pandemia de coronavirus o covid-19, para buscar una conciliación de mutuo beneficio con los empleados que fueron despedidos durante esta emergencia.
Estamos siguiendo el lineamiento del Presidente de la República, Nayib Bukele, en el sentido que las empresas deben garantizar la estabilidad laboral siguiendo el marco legal establecido durante la pandemia.
Sin embargo, dijo, algunas empresas han realizado despidos de hecho, irrespetando el debido proceso e ignorando que los plazos procesales y administrativos se encontraban suspendidos, por lo cual, “estamos por conformar una mesa de diálogo con las empresas demandadas, para conciliar una solución de mutuo beneficio entre la clase trabajadora y el sector empresarial, siempre en el marco de la ley y en la búsqueda constante por proteger a los afectados”.
“En los últimos tres meses hemos recibido 44,412 mil denuncias contextualizadas en la pandemia y que corresponde a la suspensión de labores o despidos arbitrarios”, manifestó el titular del Ministerio de Trabajo.
Del total de las denuncias, un 66% fueron interpuestas a través de la plataforma web covid19.mtps.gob.sv y el restante 34 % han sido recibidas a través del call center 130.
Los tres departamentos en los que el Ministerio reportó haber recibido más denuncias son San Salvador, con 24,927; La Libertad, con 10,359, y Santa Ana, con 3,046.
De igual forma señaló, que van a seguir una estrategia de conciliación y de arbitraje de los conflictos laborales que se generaron en la pandemia del Covid-19.
Este mismo martes, también se realizó el lanzamiento de la plataforma web servicios.mtps.gob.sv para que los trabajadores que fueron despedidos durante la emergencia del COVID-19 tengan la oportunidad de realizar sus cálculos laborales durante la pandemia por Covid-19 y de forma remota.
Las autoridades de Trabajo aclararon que esta plataforma también estará habilitada para agendar citas en sus oficinas y ayudar a descongestionar los trámites en esta cartera de Estado.
El jefe de la Unidad de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Trabajo, William Cerón, detalló que la plataforma web facilitará a todos los trabajadores calcular su pago de indemnización o retiro voluntario para cuando decidan finalizar su contrato laboral con una empresa.
«Hemos tratado de hacerlo super amigable. Tiene que seleccionar su cita, el día, horario para acceder al servicio y tras agendar la cita, el usuario recibirá un ticket con el que podrá ir a las oficinas del Ministerio y nada más deberá presentar su DUI para cumplir con el trámite», agregó.
Por otra parte, Rolando Castro afirmó que para las micro y pequeñas empresas que han tenido que prescindir de los servicios de sus trabajadores serán consultadas y van a buscar que reciban el apoyo del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
