Nacionales
Ministerio de Trabajo creará mesa de diálogo para buscar conciliación entre empresas y empleados despedidos en emergencia del Covid-19
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó la creación de una mesa de diálogo con las empresas demandadas en el periodo de la pandemia de coronavirus o covid-19, para buscar una conciliación de mutuo beneficio con los empleados que fueron despedidos durante esta emergencia.
Estamos siguiendo el lineamiento del Presidente de la República, Nayib Bukele, en el sentido que las empresas deben garantizar la estabilidad laboral siguiendo el marco legal establecido durante la pandemia.
Sin embargo, dijo, algunas empresas han realizado despidos de hecho, irrespetando el debido proceso e ignorando que los plazos procesales y administrativos se encontraban suspendidos, por lo cual, “estamos por conformar una mesa de diálogo con las empresas demandadas, para conciliar una solución de mutuo beneficio entre la clase trabajadora y el sector empresarial, siempre en el marco de la ley y en la búsqueda constante por proteger a los afectados”.
“En los últimos tres meses hemos recibido 44,412 mil denuncias contextualizadas en la pandemia y que corresponde a la suspensión de labores o despidos arbitrarios”, manifestó el titular del Ministerio de Trabajo.
Del total de las denuncias, un 66% fueron interpuestas a través de la plataforma web covid19.mtps.gob.sv y el restante 34 % han sido recibidas a través del call center 130.
Los tres departamentos en los que el Ministerio reportó haber recibido más denuncias son San Salvador, con 24,927; La Libertad, con 10,359, y Santa Ana, con 3,046.
De igual forma señaló, que van a seguir una estrategia de conciliación y de arbitraje de los conflictos laborales que se generaron en la pandemia del Covid-19.
Este mismo martes, también se realizó el lanzamiento de la plataforma web servicios.mtps.gob.sv para que los trabajadores que fueron despedidos durante la emergencia del COVID-19 tengan la oportunidad de realizar sus cálculos laborales durante la pandemia por Covid-19 y de forma remota.
Las autoridades de Trabajo aclararon que esta plataforma también estará habilitada para agendar citas en sus oficinas y ayudar a descongestionar los trámites en esta cartera de Estado.
El jefe de la Unidad de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Trabajo, William Cerón, detalló que la plataforma web facilitará a todos los trabajadores calcular su pago de indemnización o retiro voluntario para cuando decidan finalizar su contrato laboral con una empresa.
«Hemos tratado de hacerlo super amigable. Tiene que seleccionar su cita, el día, horario para acceder al servicio y tras agendar la cita, el usuario recibirá un ticket con el que podrá ir a las oficinas del Ministerio y nada más deberá presentar su DUI para cumplir con el trámite», agregó.
Por otra parte, Rolando Castro afirmó que para las micro y pequeñas empresas que han tenido que prescindir de los servicios de sus trabajadores serán consultadas y van a buscar que reciban el apoyo del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
