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Más de 48,000 pensionados en El Salvador ya recibieron su incremento
El 26 % del universo de los jubila – dos que se encuentran a cargo del nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) recibieron el pasado viernes 13 de enero de este año el pago de la cuota mensual con la aplicación del incremento establecido por la reforma que entró en vigor el 30 de diciembre de 2022, informó el presidente de la institución, Marlon Vásquez.
«Como ISP hemos remunerado a 48,251 pensionados el viernes 13 de enero, aplicando los ajustes y los incrementos a las diferentes pensiones, el incremento al 30 % a las pensiones por vejez y los ajustes a las pensiones mínimas de acuerdo con lo que considera la Ley Integral del Sistema de Pensiones [LISP]», aseveró.
El presidente explicó que el pago de estas 48,251 cuotas implicó el desembolso de $231 millones, «en los cuales se incorpora el incremento a la pensión mínima por vejez de $400, y considera, aproximadamente, $5 millones relacionados con este incremento».
Vásquez también indicó que el resto de los pagos se harán en la programación correspondiente tanto por la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS) como por las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
«Es oportuno aclarar que los incrementos son de acuerdo con lo que la ley establece. Hay una metodología establecida en la LISP. Se han aplicado los procedimientos y también es oportuno recordar que, en la estructura previsional, hay pensionados de diferentes tipos», dijo el titular del ISP.
En este sentido, señaló que, de acuerdo con la normativa rectora, los diferentes fondos de pensiones tienen hasta los últimos cinco días hábiles de cada mes para efectuar los pagos a los pensionados; «sin embargo, el Estado, a través del ISP, siempre ha pagado anticipado, y es lo que hemos erogado el pasado viernes 13 de enero».
En total, para materializar todos los incrementos establecidos en la reforma, el fondo de pensiones tendrá una erogación superior a los $231 millones más cada año, afirmó Vásquez.
«Son $231 millones anuales adicionales para equiparar todas las pensiones a la nueva estructura, a las mejoras que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha querido trasladar a los pensionados», dijo.
La LISP vigente establece un incremento a las pensiones mínimas, que pasan de $304.17 a $400 (un 32 % más), mientras que los jubilados a los que se les pagaba entre $400 y $2,300 reciben un 30 % más.
«No hemos tenido en la historia un incremento como el que estamos implementando. Es relevante este 30 % para quien lo recibe. No hay un registro en décadas del alza a la estructura de pensiones como este, que es parte de visión del nuevo sistema de seguridad social», dijo.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
