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La DOM, primera entidad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele del ramo construcción, certificada en el Sistema de Gestión Antisoborno
La Dirección de Obras Municipales es la primera entidad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele y de Latinoamérica, en el área de construcción, en contar con la certificación mundial del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. smatar nu rios slisi.
Con esta histórica certificación, el Gobierno del Presidente Bukele envía un claro ejemplo de transparencia a nivel nacional e internacional y el mensaje de que no tolerará este flagelo que por décadas ha causado pobreza, obstaculizó el desarrollo del país y afectó la potencial inversión.
“Somos la primera institución gubernamental del sector construcción a nivel de Latinoamérica que obtenemos la certificación de la ISO 37,001 que en el sistema de gestión antisoborno y es por eso, que la Dirección de Obras Municipales nace como una propuesta a la necesidad y de mejorar la calidad de vida de los 262 municipios del país por medio de la ejecución diligente, honesta de todos los proyectos de infraestructura que la población y todos los alcaldes del país están pidiendo. La DOM es una institución insobornable”, dijo Álvaro O’Byrne, Director Ejecutivo de la Dirección de Obas Municipales (DOM).
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), cuyo comité técnico tiene su base en España, informó que la Dirección de Obras Municipales cumplió con los requisitos establecidos en la norma internacional; por lo que decidió otorgar este logro.
“Hemos realizado un proceso de certificación en la Dirección de Obras Municipales. Hemos evaluado la conformidad y la equidad de los requisitos de esta norma, requisitos que están orientados al establecimiento de una cultura de integridad, transparencia, honestidad, cumplimiento y lucha contra el soborno y la corrupción”, aseguró Arnulfo Pino, Director de AENOR para la región centroamericana.
Las auditorías consistieron en conocer, durante la primera fase, la preparación, la planificación, la implementación y el grado de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión antisoborno para saber si es que esta entidad tenía un sistema documentado suficientemente, como robusto y a partir de esto decidir pasar a una segunda fase de auditoría.
Durante la segunda fase se resolvió que la DOM cumple con los requisitos establecidos en dicho estándar internacional por lo que la recomendación fue certificar a la institución.
Con la certificación, el Gobierno genera no solo transparencia y confiabilidad en la población, y con los cooperantes internacionales, sino también está borrando un pasado de corrupción que frenó el desarrollo de muchas generaciones de salvadoreños.
Esta certificación permitirá a la DOM prevenir, detectar y enfrentar cualquier acto de soborno y aplica a los empleados, proveedores y cualquier parte interesada que trabaje en los proyectos de esta entidad del Ejecutivo.
Al ser una institución nueva y fundamentarla con un sistema antisoborno hemos logrado que la DOM tenga bases sólidas, que desde el inicio oriente a los salvadoreños hacia la prevención del soborno e invitándolos a utilizar los canales de denuncias: WhatsApp número 76018762 y denuncias@presidencia.gob.sv.
Obras Municipales mantendrá esta certificación a través de inspecciones, auditorías internas y externas anuales, seguimiento de la eficacia de los controles establecidos, capacitaciones al personal, proveedores, cualquier otro interesado y a través del mantenimiento del código de ética establecido.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
