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La DOM, primera entidad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele del ramo construcción, certificada en el Sistema de Gestión Antisoborno
La Dirección de Obras Municipales es la primera entidad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele y de Latinoamérica, en el área de construcción, en contar con la certificación mundial del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. smatar nu rios slisi.
Con esta histórica certificación, el Gobierno del Presidente Bukele envía un claro ejemplo de transparencia a nivel nacional e internacional y el mensaje de que no tolerará este flagelo que por décadas ha causado pobreza, obstaculizó el desarrollo del país y afectó la potencial inversión.
“Somos la primera institución gubernamental del sector construcción a nivel de Latinoamérica que obtenemos la certificación de la ISO 37,001 que en el sistema de gestión antisoborno y es por eso, que la Dirección de Obras Municipales nace como una propuesta a la necesidad y de mejorar la calidad de vida de los 262 municipios del país por medio de la ejecución diligente, honesta de todos los proyectos de infraestructura que la población y todos los alcaldes del país están pidiendo. La DOM es una institución insobornable”, dijo Álvaro O’Byrne, Director Ejecutivo de la Dirección de Obas Municipales (DOM).
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), cuyo comité técnico tiene su base en España, informó que la Dirección de Obras Municipales cumplió con los requisitos establecidos en la norma internacional; por lo que decidió otorgar este logro.
“Hemos realizado un proceso de certificación en la Dirección de Obras Municipales. Hemos evaluado la conformidad y la equidad de los requisitos de esta norma, requisitos que están orientados al establecimiento de una cultura de integridad, transparencia, honestidad, cumplimiento y lucha contra el soborno y la corrupción”, aseguró Arnulfo Pino, Director de AENOR para la región centroamericana.
Las auditorías consistieron en conocer, durante la primera fase, la preparación, la planificación, la implementación y el grado de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión antisoborno para saber si es que esta entidad tenía un sistema documentado suficientemente, como robusto y a partir de esto decidir pasar a una segunda fase de auditoría.
Durante la segunda fase se resolvió que la DOM cumple con los requisitos establecidos en dicho estándar internacional por lo que la recomendación fue certificar a la institución.
Con la certificación, el Gobierno genera no solo transparencia y confiabilidad en la población, y con los cooperantes internacionales, sino también está borrando un pasado de corrupción que frenó el desarrollo de muchas generaciones de salvadoreños.
Esta certificación permitirá a la DOM prevenir, detectar y enfrentar cualquier acto de soborno y aplica a los empleados, proveedores y cualquier parte interesada que trabaje en los proyectos de esta entidad del Ejecutivo.
Al ser una institución nueva y fundamentarla con un sistema antisoborno hemos logrado que la DOM tenga bases sólidas, que desde el inicio oriente a los salvadoreños hacia la prevención del soborno e invitándolos a utilizar los canales de denuncias: WhatsApp número 76018762 y denuncias@presidencia.gob.sv.
Obras Municipales mantendrá esta certificación a través de inspecciones, auditorías internas y externas anuales, seguimiento de la eficacia de los controles establecidos, capacitaciones al personal, proveedores, cualquier otro interesado y a través del mantenimiento del código de ética establecido.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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