Judicial
Tribunal condena a profesora por cómplice en el delito de lavado de dinero
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso la pena de tres años y cuatro meses de prisión a Jesús Anabel Flores Batres, ya que la declaró responsable en calidad de cómplice necesario en el delito de lavado de dinero y activos, en perjuicio del orden socioeconómico.
A dicha pena se le restaran un año con nueve meses tiempo que ya estuvo guardando prisión, desde que se le capturó, el 26 de julio de 2016, hasta que fue puesta en libertad el 11 de mayo de 2018. Por lo que resta una pena de un año con siete meses de prisión, período en el cual se le impondrá la medida del uso de brazalete electrónico. En cuanto a responsabilidad civil, se le condenó en abstracto, es decir la Fiscalía tendrá que iniciar un proceso civil.
La jueza consideró por medio de las pruebas, tanto documentales, periciales y testimoniales que, la señora Anabel, fue cómplice ya que se dedicó a realizar transacciones de retiros de la cuenta de su madre. Según la valoración en cuanto a las pruebas financieras, la empresas de las cuales el señor Adalberto Flores Batres era responsable, no presentaron una declaración de renta del 2014, por lo que en la distribución del dinero se da una evasión al fisco
En el transcurso de la vista pública declararon en total cinco testigos de cargo y tres de descargo, entre ellos un perito financiero.
También Anabel en su derecho a declarar, dijo en su defensa que ella fue autorizada por su hermano Adalberto, para que realizara transacciones bancarias con el dinero que él enviaba y además le otorgó un poder para que retirara los intereses que generaban las cuentas de la madre de ambos.
Igualmente Adalberto pasó a dar su testimonio luego de ser admitido como testigo de descargo. Es por esto que respondiendo al interrogatorio de la defensa explicó, cómo fue la forma en que creó las empresas y como las manejaba en Estados Unidos y Perú, las actividades que realizaba, así como de cuanto fueron las ganancias que generaban.
Las investigaciones iniciaron luego que a Jaime Adalberto Flores Batres, hermano de la acusada y Sonia Maricel Amaya Márquez, se les encontrará 196 mil dólares en efectivo, el 5 de julio de 2012, cuando se encontraban en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en dicho lugar iban a abordar un vuelo hacia Lima, Perú. Agentes de la División Antinarcóticos les realizaron un registro rutinario y encontraron el dinero en las maletas de mano que ambos sujetos portaban. Al preguntar de donde era obtenido el dinero el señor Jaime dijo que él era representante de una empresa que se encontraba en Perú, mostrando un documento que lo acreditaba como tal.
Posteriormente se realizó un allanamiento el 26 de julio de 2016 en la casa de habitación de Anabel Flores, donde fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía.
Los demás acusados se encontraban prófugos de la justicia hasta diciembre del año pasado, que se presentaron al Juzgado de Instrucción donde son procesados, argumentando que se sentían amenazados en su integridad personal, por tal razón no habían asistido a los llamados y se encontraban fuera del país. El juez dio por justificada la incomparecencia, por tanto les dio medidas sustitutivas a la detención para continuar el proceso penal.
Anabel también contaba con medidas sustitutivas a la detención, otorgadas por el Tribunal, luego de una audiencia especial realizada el 28 de febrero de 2018, por padecer de una enfermedad, donde el tribunal colegiado resolvió que, este era un caso que constituye la suspensión de las medidas cautelares, dada la necesidad de la atención médica, pero se sujetó al pago de una fianza económica de 100 mil dólares, al mismo tiempo que cumpliría con las reglas de no salir del país, fijar una residencia determinada donde pueda ser localizada y presentarse a firmar al tribunal cada ocho días. Luego de cumplir con lo anterior fue puesta en la libertad condicional el 11 de mayo de 2018.
Este mismo mes se tiene programada la audiencia preliminar contra los otros imputados por el caso de lavado de dinero y activos.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
