Judicial
Tres sujetos hurtaron $89.000 a diferentes instituciones financieras del oriente del país
El Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a tres integrantes de una banda que se dedicaban a hurtar en diferentes instituciones financieras del oriente del país en el año 2020, y que sustrajeron más de $89.000.
De acuerdo a las investigaciones, los imputados se dedicaban a neutralizar los sistemas de alarmas, de la energía eléctrica y cámaras de video para ingresar violentando las puertas de empresas financieras en el oriente del país.
Las acciones delincuenciales se cometieron en el año 2020, en intervalos de 15 a 20 días, entre el 29 de marzo, 15 de abril, 30 de abril, 14 de julio y 4 de agosto, en instituciones financieras de San Miguel, Santa Rosa de Lima y El Triunfo de Usulután, de donde sustrajeron más de $89.000, cajas fuertes, armas y computadoras personales.
Los imputados fueron detenidos en flagrancia en la madrugada del 5 de agosto del año 2020, sobre la carretera Ruta Militar, en el kilómetro 139, a la altura del caserío Guayabal, cantón Hato Nuevo, después de hurtar en una empresa financiera de Santa Rosa de Lima, La Unión de donde sustrajeron $13.500.
Juan Antonio Orellana Gómez y Santos Vladimir Turcios recibieron una condena de 25 años de cárcel, cada uno; mientras que a Sergio Sigfredo Torres Reyes le impusieron una pena de prisión de 12 años y 6 meses por los delitos de Hurto Agravado y Agrupaciones Ilícitas.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana realizó vista pública contra Mario Orlando Rosales Gómez, de 33 años de edad, y Claudia Criselda Cerna Gómez, hermana del imputado.
Rosales Gómez era acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado, en perjuicio de una mujer, de quien se omite su identidad de conformidad. Mientras que a su hermana se le imputaba el delito de complicidad en el mismo ilícito.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la existencia del delito así como la participación de Rosales Gómez en el mismo, por lo que lo declaró culpable y le impuso una pena de 17 años seis meses de prisión. Mientras que en el caso de la acusada Cerna Gómez, la jueza la absolvió por varias razones. Entre ellas, la representación fiscal no pudo probar que ella tuviera conocimiento previo del plan del autor de ejecución.
Los hechos que fueron objeto del juicio ocurrieron en el departamento de Santa Ana, entre el 5 y 6 de noviembre del año 2018, cuando la imputada llegó a casa de la víctima y ésta por el grado de confianza que tenía, le abrió la puerta sin dudarlo. En ese momento, el acusado, que acompañaba a su hermana, ingresó y comenzó a agredir física y verbalmente a la víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirma que logró la condena a 15 años de prisión de un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusado por el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con el registro fiscal, se trata de Víctor Daniel Coreas Saravia, quien fue declarado culpable tras haber sido sometido a un proceso judicial por el delito al que se le imputó.
El Juzgado Segundo de Paz validó todas las pruebas presentadas contra el pandillero quien cometió el ilícito en 2018 en el departamento de San Miguel.
Por otra parte, la FGR también confirma que el pandillero extorsionista de la 18 David de Jesús Menéndez ha sido condenado a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada en modalidad continuada.
Los hechos ocurrieron en Santa Ana, durante los meses de enero y abril del 2020, detallan las autoridades.
Por cuarta ocasión se suspendió la audiencia preliminar contra el exembajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, en vista de que su abogado renunció a defenderlo en el juicio en su contra.
La jueza segunda de Instrucción suspendió la diligencia luego que no se presentó el defensor del también coronel en situación de retiro, el profesional del derecho dejó el caso “porque él quería que le pagara adelantado”, relató Ochoa Pérez.
De manera que la audiencia preliminar en su contra fue reprogramada para el 18 de octubre, acotó el exembajador.
Para evitar que se suspenda por una quinta ocasión la mencionada diligencia, a Sigifredo Ochoa Pérez se le asignará un defensor público, de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Sigifredo Ochoa Pérez y al exministro consejero, Walter Anaya, del delito de peculado por apropiarse legalmente de $41,040 cuando estuvieron al frente de la embajada de El Salvador en Honduras.
Ochoa Pérez pactó con una mujer de nacionalidad hondureña el arrendamiento del local donde funcionaba la sede diplomática, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores enviaba cheques con una cifra superior a lo acordado, de manera que se quedaba con el excedente, sostiene la FGR.
