Judicial
Tesorero de la alcaldía capitalina seguirá procesado penalmente por apropiación de cuotas
Fiscales de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado lograron que el tesorero de la alcaldía municipal de San Salvador siga procesado penalmente por el delito de Apropiación o Retención de Cuotas Laborales, en perjuicio de decenas de empleados de la comuna.
El funcionario municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares, quien funge como tesorero desde el 1 de mayo de 2018, actual administración, también deberá pagar una fianza de $10,000.00, presentarse al Juzgado de Instrucción correspondiente a firmar cada 20 días, tiene prohibido salir del país y cambiar de domicilio.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el delito se venía cometiendo desde el año 2019 a la fecha, donde el tesorero descontaba a 45 empleados cuotas de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Seguridad Social y Obligaciones Financieras (cuotas de préstamos), pero no las remitía a dichos destinatarios.
El monto de lo descontado a los empleados y no remitido asciende a $678,684.00 registrados desde el 2019 a la fecha.
El Juzgado 8º de Paz de San Salvador también dio por iniciada la Responsabilidad Civil Solidaria a la Alcaldía Municipal de la capital salvadoreña, a través de su representante legal, el alcalde Luis Ernesto Muyshondt García Prieto.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
