Judicial
Supuesto feminicida de enfermera es enviado a prisión preventiva mientras es remitido al juzgado especializado
El Juzgado 2º de Paz de Metapán,departamento de Santa Ana, decretó instrucción formal con detención provisional contra Víctor Alfonso Vides Valle, de 31 años de edad, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de feminicidio, en perjuicio de quien en vida fuera Ruth Ester Rivas Mojica, de 27 años, enfermera de profesión que laboraba en el Hospital Nacional Dr. Arturo Morales de Metapán.
Dicho delito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 45, literales a y d, de la Ley Especial Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
El caso será remitido en los próximos días al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, donde las partes tienen la oportunidad de continuar con la investigación. En el caso de Fiscalía para robustecer su acusación; y defensa, para desvirtuar los hechos por los cuales se le acusa al justiciable.
Los detalles del proceso serán conocidos sólo por las partes procesales, pero no por la población, ya que en su dictamen de acusación, el Ministerio Público solicitó la reserva total del caso.
La diligencia judicial se instaló en horas de la mañana y finalizó al mediodía, luego de que el Juez valorara los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público en su dictamen de acusación.
Los hechos, según las primeras indagaciones realizadas por Fiscalía ocurrieron el 27 de septiembre del presente año en el cantón Mal Paso, siempre en jurisdicción del municipio de Metapán, en Santa Ana.
FGR Santa Ana informa que en audiencia inicial el Juzgado 2o de Paz de Metapán, decretó Instrucción con Detención, contra Víctor Alfonso Vides Valle, por el delito de Feminicidio. en perjuicio de la enfermera Ruth Ester Rivas Mojica, ocurrida el 27 de septiembre de 2018, pic.twitter.com/AvTz8THfV3
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 11 de diciembre de 2018
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
