Judicial
Presentan nueva denuncia penal contra Salume y el alcalde de Santa Teca, Roberto d’Aubuisson por graves delitos
El abogado Sergio Portillo Toruño interpuso una nueva denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del señor Salume y el alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson por violación a la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) al continuar la ampliación del botadero de La Libertad, y su uso ilegal, sin los permisos correspondientes.
La acción del abogado ambientalista se deriva luego que al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). le han presentado cuatro Recursos de Revisión y Reconsideración sobre el ilegal funcionamiento del botadero de cielo abierto, los cuales aún están pendientes de resolución. La base de la solicitud son los artículos 91 y 97 de la Ley de Medio Ambiente, por lo que Portillo Toruño considera que de oficio debe iniciarse procedimientos sancionatorios contra los señalados.
En dichos recursos, se pide dejar sin efecto el permiso de funcionamiento del “Proyecto de ampliación del relleno sanitario de La Libertad”, por incumplimientos, deforestación y depredación de la flora y fauna y mal funcionamiento.
La alcaldía de Santa Tecla firmó un contrato con el botadero ilegal en la zona costera pese a no contar con los permisos ambientales ni de funcionamiento, según conoció.
Una auditoría hecha pública de Corte de Cuentas de la República en 2019 confirma que cuando se llevó a cabo la negociación ilícita, no tenían los permisos y por lo tanto no podían hacer entre ellos los contratos, lo cual lo convierte en una estafa, pues “utilizaron y malversaron fondos públicos”, detalla.
DENUNCIA A EXMINISTRA DE MARN, LINA POHL.
El abogado ambientalista Portillo Toruño también presentó en la Fiscalía, en junio 2015, una denuncia penal contra la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, a quien se pidió se investigue por la contaminación ambiental provocada por el botadero a cielo abierto del señor Salume,
En la denuncia penal interpuesta por el abogado se pidió al ministerio público que se investigue a Pohl por los delitos de actos arbitrarios y contaminación ambiental en perjuicio de la administración pública, ya que habría concedido permisos de funcionamiento a un botadero de basura propiedad del señor Salume, sin que tuviera la capacidad para procesar todos los desechos que recibe.
De acuerdo con el abogado, la ministra Pohl otorgó un permiso al referido botadero para que recibiera hasta 500 toneladas de basura diarias, ya que esa es su capacidad máxima, pero desde el mes de mayo de 2018 el mencionado botadero está captando a diario 620 toneladas de desechos de la alcaldía de San Salvador, excediendo los límites autorizados.
La situación está poniendo en inminente riesgo a los habitantes de las al menos seis comunidades aledañas al botadero, ya que son más de 1,200 toneladas de basura diarias las que recibe, cuando la capacidad máxima es 500.
Por esta situación el Juzgado Medioambiental con sede en la Libertad impuso medidas cautelares al referido botadero del señor Salume, de modo que el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño solicitó que la FGR deduzca la responsabilidad de la exministra Pohl ya que se le advirtió de esta situación sin que tomara cartas en el asunto
Un testigo criteriado presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha declarado que una estructura de 31 pandilleros de la 18 de la facción sureña, planificó y ejecutó una serie de homicidios, entre ellos dos masacres en el penal de Izalco.
Los pandilleros que delinquían en Soyapango e Ilopango son procesados por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad agravada.
«A estas 31 personas se les acumula una gran variedad de delitos, entre los cuales se encuentran dos masacres que ocurrieron dentro del centro penal de Izalco en el año 2016», dijo uno de los fiscales.
El testigo del ministerio público ha revelado la forma en la cual se perpetraron las masacres y el móvil fue por una pugna interna dentro de esa organización terrorista.
Por feminicidio agravado en perjuicio de tres mujeres, la representación fiscal busca una pena de 50 años y 30 años por el delito de homicidio agravado.
«Contamos con la declaración de una persona a quien se le dio un criterio de oportunidad (beneficios penales a cambio de colaborar) y establece la forma en la cual la pandilla planificó días antes el cometimiento de estas masacres las cuales se dieron por pugnas internas de la pandilla 18 en esa época», agregó el representante de la Fiscalía.
Una de las masacres ocurrió el 18 de junio de 2016; cuatro pandilleros de la 18 fueron asesinados debió a la purga interna en esa estructura.
Los mareros enfrentan la vista pública de forma virtual desde el centro penal de Izalco, donde están recluidos por otros delitos y cumpliendo condenas recibidas en otros procesos penales.
El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 25 años de cárcel a cinco integrantes de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos de la MS-13 por el homicidio agravado de un hombre al que atacaron cuando descansaba en su casa.
De acuerdo con el informe oficial, el crimen se cometió el 16 de enero de 2019, cuando la víctima, de 74 años, descansaba en su casa, en el caserío Nuevo Puente, en el cantón San Marcos Lempa, del distrito de Jiquilisco, en el municipio de Usulután Oeste.
Según el reporte fiscal, los cinco terroristas llegaron a la casa de la víctima y la atacaron con arma blanca, por lo que le provocaron lesiones graves en la cabeza y el cuello que le causaron la muerte. Por este hecho han sido sentenciados Gabriel Alberto Iraheta Orellana, alias Turis; Jaime Balmore Beltrán Abarca, alias Domba; Rubén Ernesto Mejía Roque, alias Carmelo; Oswaldo Antonio Castillo, alias Pico; y Milagro del Carmen Mejía Roque.
De momento, los cinco criminales están prófugos de la justicia; sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Usulután los procesó gracias a la reforma del Código Procesal Penal que permite decretar sentencia firme contra delincuentes que han sido declarados en rebeldía.
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
