Judicial
Presentan nueva denuncia penal contra Salume y el alcalde de Santa Teca, Roberto d’Aubuisson por graves delitos
El abogado Sergio Portillo Toruño interpuso una nueva denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del señor Salume y el alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson por violación a la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) al continuar la ampliación del botadero de La Libertad, y su uso ilegal, sin los permisos correspondientes.
La acción del abogado ambientalista se deriva luego que al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). le han presentado cuatro Recursos de Revisión y Reconsideración sobre el ilegal funcionamiento del botadero de cielo abierto, los cuales aún están pendientes de resolución. La base de la solicitud son los artículos 91 y 97 de la Ley de Medio Ambiente, por lo que Portillo Toruño considera que de oficio debe iniciarse procedimientos sancionatorios contra los señalados.
En dichos recursos, se pide dejar sin efecto el permiso de funcionamiento del “Proyecto de ampliación del relleno sanitario de La Libertad”, por incumplimientos, deforestación y depredación de la flora y fauna y mal funcionamiento.
La alcaldía de Santa Tecla firmó un contrato con el botadero ilegal en la zona costera pese a no contar con los permisos ambientales ni de funcionamiento, según conoció.
Una auditoría hecha pública de Corte de Cuentas de la República en 2019 confirma que cuando se llevó a cabo la negociación ilícita, no tenían los permisos y por lo tanto no podían hacer entre ellos los contratos, lo cual lo convierte en una estafa, pues “utilizaron y malversaron fondos públicos”, detalla.
DENUNCIA A EXMINISTRA DE MARN, LINA POHL.
El abogado ambientalista Portillo Toruño también presentó en la Fiscalía, en junio 2015, una denuncia penal contra la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, a quien se pidió se investigue por la contaminación ambiental provocada por el botadero a cielo abierto del señor Salume,
En la denuncia penal interpuesta por el abogado se pidió al ministerio público que se investigue a Pohl por los delitos de actos arbitrarios y contaminación ambiental en perjuicio de la administración pública, ya que habría concedido permisos de funcionamiento a un botadero de basura propiedad del señor Salume, sin que tuviera la capacidad para procesar todos los desechos que recibe.
De acuerdo con el abogado, la ministra Pohl otorgó un permiso al referido botadero para que recibiera hasta 500 toneladas de basura diarias, ya que esa es su capacidad máxima, pero desde el mes de mayo de 2018 el mencionado botadero está captando a diario 620 toneladas de desechos de la alcaldía de San Salvador, excediendo los límites autorizados.
La situación está poniendo en inminente riesgo a los habitantes de las al menos seis comunidades aledañas al botadero, ya que son más de 1,200 toneladas de basura diarias las que recibe, cuando la capacidad máxima es 500.
Por esta situación el Juzgado Medioambiental con sede en la Libertad impuso medidas cautelares al referido botadero del señor Salume, de modo que el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño solicitó que la FGR deduzca la responsabilidad de la exministra Pohl ya que se le advirtió de esta situación sin que tomara cartas en el asunto
Judicial
Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
