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Presentan aviso penal ante la Fiscalía contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara

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Foto: Cortesía

Retomado de La Noticia SV

La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, qui Presentan aviso penal ante la FGR contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara

La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, quien asegura que la exprocuradora y actual aspirante a ser Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ejecutó acciones constitutivas de ilícitos penal.

«En la condición procesal he constatado que la señora ex-procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA, en el período 2016-2019, y que actualmente busca ser electa en ese mismo cargo ha ejecutado acciones constitutivas de ilícito penal», se lee en el documento. Continúa afirmando que el motivo de expresar lo contenido en el documento es para que se descarte a Caballero como postulante para ser electa a «tan importante cargo».

En el documento se señalan los siguientes hechos que la exprocuradora Caballero cometió en contra de Hilda Trigueros:

  • Supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos en prejuicios a la integridad física y personal, el honor y la intimidad.
  • Divulgación de material reservado.
  • Actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y de la víctima.
  • Desobediencia.

Asimismo, en el escrito se detallan cada uno de los hechos antes mencionados, que fueron cometidos en 2019. Además, explica que, bajo el criterio del abogado, la postulación a procurador es un «atentado contra la Defensa de los Derechos Humanos por no cumplir con los requisitos de competencia y moralidad notorias, requeridas por la Constitución y por la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».

El aviso fue presentado por el abogado Sergio Ernesto Toruño, quien declaró en conferencia de prensa, “no podemos permitir que este tipo de personas vengan a pretender relegirse en un cargo tan importante como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».

Caballero actualmente también posee un historial de condenas en el Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República y denuncias activas entre las que destacan: una condena por el TEG, en enero 2018 por nepotismo al haber ascendido a su hijastra y haberle subido el sueldo; una condena en la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de los fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, en 2017; además de varias denuncias en la FGR por delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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