Judicial
Mujer es víctima de violencia doméstica por no poder cocinar: “inútil” le llamaba su compañero de vida
“Si yo hubiera sabido que no podías cocinar, entonces no me hubiera quedado con vos”, era una de las frases que Claudia (nombre cambiado por protección) escuchaba constantemente por parte de Carlos M.C., un comerciante de 51 años de edad que además de humillarla al tildarla como “inútil” la agredía físicamente e incluso llegó a amenazarla de muerte.
Luego de haberse convertido en madre soltera y pasar sin pareja durante varios años, la mujer conoció al sujeto y tras varios encuentros decidieron residir juntos en octubre de 2011.
Por ello, la mujer de 39 años de edad recibió en el condominio donde habitaba -situado en el municipio de Mejicanos- a su nueva pareja, quien hasta la fecha se encuentra pensionado por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a consecuencia de una invalidez permanente, por lo que se dedica a alquilar una bodega en las cercanías del mercado ex Cuartel, en San Salvador, según cita un expediente judicial.
Cinco meses después de habitar juntos, el sujeto cambió de actitud con la mujer, por lo que en marzo de 2012, este empezó a agredirla física y verbalmente, al decirle que era una “inútil” y que no servía como mujer debido a que ella no sabía cocinar.
Además, ambos discutían por razones económicas e incluso el sujeto en varias ocasiones la lanzaba contra la pared. En una de esas agresiones, le provocó hematomas en ambas manos por la fuerza que le produjo al sostenerla de ellas.
Claudia calló por mucho tiempo en el maltrato. Sin embargo, decidió no interponer una denuncia en contra de Carlos por temor. Él la había amenazado a muerte de hacerlo. Pese a todo y con el paso del tiempo, ambos procrearon a una niña.
Según el expediente judicial, en noviembre de 2014, el pensionado golpeó a la mujer en diferentes partes del cuerpo, por lo que decidió separarse de él. Como uno de los acuerdos, Carlos podía ir a visitar a la niña, pero con aviso previo.
Claudia pidió a los vigilantes que cuidaban la zona de los condominios que no le permitieran la entrada al sitio, sobre todo por temor a que los episodios violentos volvieran.
El golpe en una fiesta infantil que desató la furia
El 17 de mayo de 2015, Claudia asistió a una piñata junto a sus hijos. Accidentalmente, la niña –hija de Carlos- se tropezó, cayó al suelo y producto de ello resultó con un raspón en su frente.
Al retornar a la casa, el hijo mayor de la mujer salió a jugar con sus vecinos; la niña, se durmió a eso de las 5:00 de la tarde. Media hora después, sin previa notificación, Carlos ingresó al apartamento.
Al escuchar su voz, la niña se despertó y el padre entró a la habitación de ella para saludarla. Este al verla raspada de su rostro insultó a Claudia. La acusó de maltrato infantil y al no bastarle eso la golpeó. Según el expediente judicial, la mujer cayó al suelo tras ser empujada por este.
“Hoy te vas a morir. Ya no me importa ir a Mariona por esto. Te merecés morir”, dijo el sujeto, quien descargó diversas patadas en el cuerpo y rostro de la mujer.
“Te voy a cortar el cuello. Ahora sí te vas a morir”, volvió a decir el hombre y para cumplir sus amenazas sacó una navaja frente a los ojos de su hija.
Un ruido en la sala distrajo a Carlos. Salió de la habitación de la menor de edad para ver de qué se trataba y la supuesta víctima logró ponerse de pie.
El supuesto agresor retornó al escenario en donde había empezado a atacar a Claudia. Esta vez utilizó su navaja. Le provocó una herida en la oreja derecha, según consta en el documento judicial.
La mujer le suplicó a Carlos que no la asesinara y menos frente a su hija de tres años de edad, pero este le marcó su plan: “Yo he venido a matarte”.
Alguien tocó la puerta principal del apartamento y esto volvió a distraer al sujeto. Salió de nuevo de la habitación para ver quién era. Esa acción fue aprovechada por Claudia, quien cerró la puerta del cuarto y logró llamar a la unidad de emergencia del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante esto, el sujeto escapó.
Las lesiones y la acusación
La víctima fue trasladada hacia el Instituto de Medicina Legal (IML) para que sus lesiones fueran inspeccionadas, debido a la gravedad de las mismas. El rostro tenía diversos hematomas. De acuerdo al peritaje médico, las lesiones de Claudia sanarían en al menos 15 días.
La afectada relató que el sujeto es agresivo y que en varias ocasiones la ha agredido físicamente, la ha insultado y la ha amenazado a muerte.
El proceso en donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acuso de cometer los delitos de amenazas, expresiones de violencia contra la mujer y lesiones agravadas inició en el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos, por lo que Carlos fue detenido pero luego recibió medidas sustitutivas a la prisión provisional por parte del Juzgado de Instrucción del mismo municipio.
El Tribunal 3° de Sentencia desarrollará el juicio en contra del sujeto el próximo 11 de junio de este 2018, tras aplazarse la vista pública.
Pese a todo, la mujer lesionada por el pensionado del IPSFA solicitó el pasado 14 de marzo suspender el proceso judicial del tribunal. En el expediente del caso se añadió una carta en donde ella refleja que desea desistir del procesamiento contra su expareja.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
