Judicial
Mujer es víctima de violencia doméstica por no poder cocinar: “inútil” le llamaba su compañero de vida
“Si yo hubiera sabido que no podías cocinar, entonces no me hubiera quedado con vos”, era una de las frases que Claudia (nombre cambiado por protección) escuchaba constantemente por parte de Carlos M.C., un comerciante de 51 años de edad que además de humillarla al tildarla como “inútil” la agredía físicamente e incluso llegó a amenazarla de muerte.
Luego de haberse convertido en madre soltera y pasar sin pareja durante varios años, la mujer conoció al sujeto y tras varios encuentros decidieron residir juntos en octubre de 2011.
Por ello, la mujer de 39 años de edad recibió en el condominio donde habitaba -situado en el municipio de Mejicanos- a su nueva pareja, quien hasta la fecha se encuentra pensionado por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a consecuencia de una invalidez permanente, por lo que se dedica a alquilar una bodega en las cercanías del mercado ex Cuartel, en San Salvador, según cita un expediente judicial.
Cinco meses después de habitar juntos, el sujeto cambió de actitud con la mujer, por lo que en marzo de 2012, este empezó a agredirla física y verbalmente, al decirle que era una “inútil” y que no servía como mujer debido a que ella no sabía cocinar.
Además, ambos discutían por razones económicas e incluso el sujeto en varias ocasiones la lanzaba contra la pared. En una de esas agresiones, le provocó hematomas en ambas manos por la fuerza que le produjo al sostenerla de ellas.
Claudia calló por mucho tiempo en el maltrato. Sin embargo, decidió no interponer una denuncia en contra de Carlos por temor. Él la había amenazado a muerte de hacerlo. Pese a todo y con el paso del tiempo, ambos procrearon a una niña.
Según el expediente judicial, en noviembre de 2014, el pensionado golpeó a la mujer en diferentes partes del cuerpo, por lo que decidió separarse de él. Como uno de los acuerdos, Carlos podía ir a visitar a la niña, pero con aviso previo.
Claudia pidió a los vigilantes que cuidaban la zona de los condominios que no le permitieran la entrada al sitio, sobre todo por temor a que los episodios violentos volvieran.
El golpe en una fiesta infantil que desató la furia
El 17 de mayo de 2015, Claudia asistió a una piñata junto a sus hijos. Accidentalmente, la niña –hija de Carlos- se tropezó, cayó al suelo y producto de ello resultó con un raspón en su frente.
Al retornar a la casa, el hijo mayor de la mujer salió a jugar con sus vecinos; la niña, se durmió a eso de las 5:00 de la tarde. Media hora después, sin previa notificación, Carlos ingresó al apartamento.
Al escuchar su voz, la niña se despertó y el padre entró a la habitación de ella para saludarla. Este al verla raspada de su rostro insultó a Claudia. La acusó de maltrato infantil y al no bastarle eso la golpeó. Según el expediente judicial, la mujer cayó al suelo tras ser empujada por este.
“Hoy te vas a morir. Ya no me importa ir a Mariona por esto. Te merecés morir”, dijo el sujeto, quien descargó diversas patadas en el cuerpo y rostro de la mujer.
“Te voy a cortar el cuello. Ahora sí te vas a morir”, volvió a decir el hombre y para cumplir sus amenazas sacó una navaja frente a los ojos de su hija.
Un ruido en la sala distrajo a Carlos. Salió de la habitación de la menor de edad para ver de qué se trataba y la supuesta víctima logró ponerse de pie.
El supuesto agresor retornó al escenario en donde había empezado a atacar a Claudia. Esta vez utilizó su navaja. Le provocó una herida en la oreja derecha, según consta en el documento judicial.
La mujer le suplicó a Carlos que no la asesinara y menos frente a su hija de tres años de edad, pero este le marcó su plan: “Yo he venido a matarte”.
Alguien tocó la puerta principal del apartamento y esto volvió a distraer al sujeto. Salió de nuevo de la habitación para ver quién era. Esa acción fue aprovechada por Claudia, quien cerró la puerta del cuarto y logró llamar a la unidad de emergencia del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante esto, el sujeto escapó.
Las lesiones y la acusación
La víctima fue trasladada hacia el Instituto de Medicina Legal (IML) para que sus lesiones fueran inspeccionadas, debido a la gravedad de las mismas. El rostro tenía diversos hematomas. De acuerdo al peritaje médico, las lesiones de Claudia sanarían en al menos 15 días.
La afectada relató que el sujeto es agresivo y que en varias ocasiones la ha agredido físicamente, la ha insultado y la ha amenazado a muerte.
El proceso en donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acuso de cometer los delitos de amenazas, expresiones de violencia contra la mujer y lesiones agravadas inició en el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos, por lo que Carlos fue detenido pero luego recibió medidas sustitutivas a la prisión provisional por parte del Juzgado de Instrucción del mismo municipio.
El Tribunal 3° de Sentencia desarrollará el juicio en contra del sujeto el próximo 11 de junio de este 2018, tras aplazarse la vista pública.
Pese a todo, la mujer lesionada por el pensionado del IPSFA solicitó el pasado 14 de marzo suspender el proceso judicial del tribunal. En el expediente del caso se añadió una carta en donde ella refleja que desea desistir del procesamiento contra su expareja.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
