Judicial
Magistrado acusado de abusar de una menor se encontraba ebrio y con un arma
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dio este jueves algunos detalles sobre la detención del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Eduardo Escalante Díaz, quien posteriormente fue enviado a su casa por la Asamblea Legislativa.
La detención se realizó el pasado 19 de febrero en la colonia Altavista del municipio de Ilopango, luego que la madre de una menor denunciara ante las autoridades que Escalante Díaz había abusado de su hija de 10 años.
“Se logra establecer en flagrancia a través de familiares y personas conocidas, que esta persona en estado de ebriedad abusa, comete este tipo de hecho con una menor de edad”, afirmó Cotto.
Las investigaciones que se desarrollan actualmente han determinado que el magistrado no conocía a la menor ni a los familiares de esta, por lo que tuvo que cometer el hecho en un lugar público donde coincidieron.
Cotto aseguró que cuando una patrulla acudió a atender la denuncia, Escalante Diaz ya había huido del lugar, dejando un vehículo abandonado donde se encontraba un arma de fuego.
“A través de, tanto del vehículo como de un arma de fuego que se encontraba al interior del vehículo, se logra determinar de quién se trataba y es así como nosotros procedemos a la detención”, aseguró Cotto.
Tras ser detenido y debido al fuero que lo protege, el magistrado fue puesto a la orden de la Asamblea Legislativa, donde se decidió que fuera llevado a su casa.
El presidente de la Asamblea y diputado de ARENA, Norman Quijano, afirmó que están por enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) un oficio para que presente solicitud de antejuicio contra Escalante Díaz.
Por: El Blog.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
