Judicial
La Sala advierte el delito de omisión en la investigación por el actual Fiscal General y admite amparo en su contra en caso del asesinato de Roque Dalton y no ubicación de sus restos
El presidente de la República Salvador Sánchez Cerén tendrá que dar explicaciones sobre la desaparición forzada del exembajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn según lo ordenó la Sala de lo Constitucional.
Esto luego que la Sala admitiera la demanda de hábeas corpus presentada por Chistopher Robin Gardner Dunn Moreira, en contra de actuaciones de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
El peticionario manifestó que su abuelo fue secuestrado en 1979. Las demandas para su liberación fueron realizadas mediante una publicación de las FPL en medios y posteriormente se exigieron dos millones de dólares de los Estados Unidos de América. En tales demandas, sirvieron de intermediarios monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y Ernesto Rivas Gallont.
Los magistrados comunicaron que hasta la fecha no se han pronunciado por su liberación ni las FPL quienes estuvieron al mando de Sánchez Cerén, ni la organización FMLN, desconociendo hasta ahora si el señor Gardner Dunn está vivo o fue asesinado.
En este sentido, la Sala ordena al ahora presidente de la República pronunciarse sobre la vulneración constitucional alegada y brindar la información relacionada a la ubicación de la persona de la que se afirma su desaparición.
Este hábeas corpus fue firmado por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
