Judicial
La Sala advierte el delito de omisión en la investigación por el actual Fiscal General y admite amparo en su contra en caso del asesinato de Roque Dalton y no ubicación de sus restos
El presidente de la República Salvador Sánchez Cerén tendrá que dar explicaciones sobre la desaparición forzada del exembajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn según lo ordenó la Sala de lo Constitucional.
Esto luego que la Sala admitiera la demanda de hábeas corpus presentada por Chistopher Robin Gardner Dunn Moreira, en contra de actuaciones de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
El peticionario manifestó que su abuelo fue secuestrado en 1979. Las demandas para su liberación fueron realizadas mediante una publicación de las FPL en medios y posteriormente se exigieron dos millones de dólares de los Estados Unidos de América. En tales demandas, sirvieron de intermediarios monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y Ernesto Rivas Gallont.
Los magistrados comunicaron que hasta la fecha no se han pronunciado por su liberación ni las FPL quienes estuvieron al mando de Sánchez Cerén, ni la organización FMLN, desconociendo hasta ahora si el señor Gardner Dunn está vivo o fue asesinado.
En este sentido, la Sala ordena al ahora presidente de la República pronunciarse sobre la vulneración constitucional alegada y brindar la información relacionada a la ubicación de la persona de la que se afirma su desaparición.
Este hábeas corpus fue firmado por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
