Judicial
La Sala advierte el delito de omisión en la investigación por el actual Fiscal General y admite amparo en su contra en caso del asesinato de Roque Dalton y no ubicación de sus restos
El presidente de la República Salvador Sánchez Cerén tendrá que dar explicaciones sobre la desaparición forzada del exembajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn según lo ordenó la Sala de lo Constitucional.
Esto luego que la Sala admitiera la demanda de hábeas corpus presentada por Chistopher Robin Gardner Dunn Moreira, en contra de actuaciones de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
El peticionario manifestó que su abuelo fue secuestrado en 1979. Las demandas para su liberación fueron realizadas mediante una publicación de las FPL en medios y posteriormente se exigieron dos millones de dólares de los Estados Unidos de América. En tales demandas, sirvieron de intermediarios monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y Ernesto Rivas Gallont.
Los magistrados comunicaron que hasta la fecha no se han pronunciado por su liberación ni las FPL quienes estuvieron al mando de Sánchez Cerén, ni la organización FMLN, desconociendo hasta ahora si el señor Gardner Dunn está vivo o fue asesinado.
En este sentido, la Sala ordena al ahora presidente de la República pronunciarse sobre la vulneración constitucional alegada y brindar la información relacionada a la ubicación de la persona de la que se afirma su desaparición.
Este hábeas corpus fue firmado por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
