Judicial
Expresidente de la República Alfredo Cristiani es rechazado por el tribunal para declarar en caso Saca
El juzgado Segundo de Sentencia informó que ha decidido rechazar la petición que el expresidente de la República, Alfredo Crisitiani, declare como testigo de descargo durante el juicio que se llevará a cabo contra el expresidente Elías Antonio Saca González, y seis imputados más acusados de lavado de dinero y activos, peculado.
El Tribunal también rechazó que comparezcan otros exfuncionarios como el caso de Ángel Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia de Seguridad Pública; Mauricio Sandoval, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y exdirector de Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), como también el expresidente de la República y ahora diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Francisco Merino López.
La presencia de estas personas durante el juicio fue a solicitud de Luis Peña, abogado defensor del exsecretario Privado de la Presidencia, Élmer Charlaix Urquilla, que junto al resto de los defensores pedían la incorporación de 28 nuevos testigos de descargo.
Al mismo tiempo, el Tribunal Segundo de Sentencia admitió el testigo con régimen de protección ofrecido por la representación fiscal.
La audiencia especial de admisión de pruebas de cargo y descargo inició la mañana del lunes 9 de julio en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador y donde comparecieron el expresidente de la República, Elías Antonio Saca González; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank Romero; el exsecretario Privado de la Presidencia, Émer Charlaix Urquilla; el exsecretario de la Juventud y presidente de ANDA, César Funes y los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera.
A todos ellos la Fiscalía General de la República (FGR) los señala de haber desviado unos 300 millones de dólares y que al final parte de ese dinero fue a parar a sociedades del expresidente Saca.
Peña manifestó a medios de prensa, que entre los 28 testigos que ellos pedían, aparte de los exfuncionarios de gobiernos anteriores, se encontraban: empleados del ministerio de Hacienda, de Casa Presidencial y de un banco en particular.
Con ese grupo de personas quieren comprobar que siempre fue costumbre que los gobernantes administraran los fondos de esa manera.
“No estamos buscando que se investigue a nadie y mucho menos responsabilizar a nadie en la administración del expresidente Elías Antonio Saca”, afirmó el profesional en derecho.
Paralelo a lo que pide la defensa del caso Saca, los fiscales asignados al caso también solicitaron al juez la incorporación de un testigo con régimen de criterio a fin de demostrar como blanquearon el dinero.
En su oportunidad el juez valoró toda la prueba que presentó la FGR, donde se estudiaron más de 1,600 folios y sobre esas pruebas falló el juez de que los imputados deberían pasar a la siguiente etapa del proceso (juicio).
Entre los documentos que se verificaron están los que se usaron para transferir dinero del Estado a cuentas privadas y de ahí a empresas del exmandatario.
De resultar culpable al final de juicio, todos los acusados podrían purgar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
