Judicial
Expresidente de la República Alfredo Cristiani es rechazado por el tribunal para declarar en caso Saca
El juzgado Segundo de Sentencia informó que ha decidido rechazar la petición que el expresidente de la República, Alfredo Crisitiani, declare como testigo de descargo durante el juicio que se llevará a cabo contra el expresidente Elías Antonio Saca González, y seis imputados más acusados de lavado de dinero y activos, peculado.
El Tribunal también rechazó que comparezcan otros exfuncionarios como el caso de Ángel Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia de Seguridad Pública; Mauricio Sandoval, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y exdirector de Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), como también el expresidente de la República y ahora diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Francisco Merino López.
La presencia de estas personas durante el juicio fue a solicitud de Luis Peña, abogado defensor del exsecretario Privado de la Presidencia, Élmer Charlaix Urquilla, que junto al resto de los defensores pedían la incorporación de 28 nuevos testigos de descargo.
Al mismo tiempo, el Tribunal Segundo de Sentencia admitió el testigo con régimen de protección ofrecido por la representación fiscal.
La audiencia especial de admisión de pruebas de cargo y descargo inició la mañana del lunes 9 de julio en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador y donde comparecieron el expresidente de la República, Elías Antonio Saca González; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank Romero; el exsecretario Privado de la Presidencia, Émer Charlaix Urquilla; el exsecretario de la Juventud y presidente de ANDA, César Funes y los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera.
A todos ellos la Fiscalía General de la República (FGR) los señala de haber desviado unos 300 millones de dólares y que al final parte de ese dinero fue a parar a sociedades del expresidente Saca.
Peña manifestó a medios de prensa, que entre los 28 testigos que ellos pedían, aparte de los exfuncionarios de gobiernos anteriores, se encontraban: empleados del ministerio de Hacienda, de Casa Presidencial y de un banco en particular.
Con ese grupo de personas quieren comprobar que siempre fue costumbre que los gobernantes administraran los fondos de esa manera.
“No estamos buscando que se investigue a nadie y mucho menos responsabilizar a nadie en la administración del expresidente Elías Antonio Saca”, afirmó el profesional en derecho.
Paralelo a lo que pide la defensa del caso Saca, los fiscales asignados al caso también solicitaron al juez la incorporación de un testigo con régimen de criterio a fin de demostrar como blanquearon el dinero.
En su oportunidad el juez valoró toda la prueba que presentó la FGR, donde se estudiaron más de 1,600 folios y sobre esas pruebas falló el juez de que los imputados deberían pasar a la siguiente etapa del proceso (juicio).
Entre los documentos que se verificaron están los que se usaron para transferir dinero del Estado a cuentas privadas y de ahí a empresas del exmandatario.
De resultar culpable al final de juicio, todos los acusados podrían purgar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
