Judicial
La Sala advierte el delito de omisión en la investigación por el actual Fiscal General y admite amparo en su contra en caso del asesinato de Roque Dalton y no ubicación de sus restos
El presidente de la República Salvador Sánchez Cerén tendrá que dar explicaciones sobre la desaparición forzada del exembajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn según lo ordenó la Sala de lo Constitucional.
Esto luego que la Sala admitiera la demanda de hábeas corpus presentada por Chistopher Robin Gardner Dunn Moreira, en contra de actuaciones de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
El peticionario manifestó que su abuelo fue secuestrado en 1979. Las demandas para su liberación fueron realizadas mediante una publicación de las FPL en medios y posteriormente se exigieron dos millones de dólares de los Estados Unidos de América. En tales demandas, sirvieron de intermediarios monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y Ernesto Rivas Gallont.
Los magistrados comunicaron que hasta la fecha no se han pronunciado por su liberación ni las FPL quienes estuvieron al mando de Sánchez Cerén, ni la organización FMLN, desconociendo hasta ahora si el señor Gardner Dunn está vivo o fue asesinado.
En este sentido, la Sala ordena al ahora presidente de la República pronunciarse sobre la vulneración constitucional alegada y brindar la información relacionada a la ubicación de la persona de la que se afirma su desaparición.
Este hábeas corpus fue firmado por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.
Sujetos que estafaron a más de 24 víctimas con más de $33,000 continuarán en prisión por requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR). El escrito se presentó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
Los 19 imputados continuarán en prisión mientras mientras avanza el proceso en su contra por el delito de estafa agravada, según informó la FGR.
La investigación determina que los acusados estafaron a 24 víctima a quienes les ofrecían paquetes turísticos y de salud que iban desde los $300 hasta los $4,000, sin embargo, nunca pudieron hacer uso del servicio adquirido. Se estima que se defraudó con al menos $33,000.
Los sujetos conformaban la sociedad Dreams Production S.A de C.V y, por la compra de los paquetes, ofrecían a las víctimas derechos a descuentos en hoteles, restaurantes y aseguradoras.
La sociedad fue conformada a inicios de este año de por salvadoreños, colombianos y venezolanos y continuaron operando hasta que los imputados fueron detenidos por orden de la Fiscalía el 20 de noviembre de este año.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 15 órdenes administrativas (de captura) en diferentes departamentos del país contra una estructura criminal integrada por falsos abogados y notarios que ofrecían servicios legales a los ciudadanos para estafarlos.
Según el reporte fiscal, entre los capturados está Juan Alberto Platero, de quien se informó es hijo de un notario que ya falleció; es señalado de utilizar el nombre y protocolo de actuación de su padre para elaborar documentación falsa.
Platero le hacía creer a las víctimas mediante las redes sociales que tenía más de 15 años de ejercer la profesión, sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron hasta este año la Corte Suprema de Justicia lo había certificado como tal de acuerdo con los registros que la institución publica en su portal oficial.
«Ocupaba el nombre de su padre para crear documentos falsos, este sujeto no devuelve los sellos, su padre muere en 2013 y el centro nacional de registros se dio cuenta de que se estaban prestando instrumentos (legales), al parecer, firmados por este notario», explicó una de las fiscales de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado.
La fuente fiscal detalló que se trata de un grupo criminal dedicado a estafar a personas que necesitan solventar problemas legales, para lo cual, contra a los señalados en calidad de abogados, cuyos instrumentos legales que presentaban a diferentes instituciones se determinó eran falsos.
Las víctimas contrataban a los abogados para efectuar trámites de escrituración de inmuebles y otros asuntos legales.
Los delitos que se le atribuyen al grupo criminal son: agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, ejercicio ilegal de la profesión y fraude procesal.
Otros detenidos son Miguel Ramírez Moreno, Walter René Martínez Romero, Amanda María Bolaños Pacheco, José Ezequiel García, William Geovany Beltrán Romero, Haydee Guadalupe García Beltrán, Julián Enrique Galicia González y Coni Margarita Chachagua de Galicia.
En los próximos días serán presentados ante los tribunales correspondientes, informó el ministerio público.
