Judicial
Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para cinco exfuncionarios del FMLN por actos de corrupción
Esta mañana de miércoles el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para cinco exfuncionarios del FMLN durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, quienes son acusados de lavado de dinero y actos de corrupción. El caso pasará a etapa de instrucción.
Los exfuncionarios del FMLN son Violeta Menjívar, la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal e hija del fundador del partido de izquierda, Schafik Hándal; Calixto Mejía exdiputado y exviceministro de Trabajo, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura.
Todos ellos fueron detenidos el pasado 22 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del operativo denominado «Operación Desfalco».
La FGR acusa a los exfuncionarios del delito de lavado de dinero para lo cual tienen como prueba los peritajes financieros, información de las instituciones del estado que dirigieron, entre otras pericias.
Según la Fiscalía, estas cantidades de dinero recibieron estos exfuncionarios como «bonos» o «bonos de retiro» a parte de su salario: Carlos Cáceres $210,000; Calixto Mejía $208,000; Violeta Menjívar $167,000; Erlinda Hándal $162,000 y Hugo Flores $174,000
Las autoridades también solicitaron a Interpol que se emitiera difusión roja contra e l expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, así como también contra Lina Pohl, exministra del Medio Ambiente y Guillermo López, exministro de Agricultura. Estos últimos también fueron parte del gabinete del expresidente Funes, por actos de corrupción.
Según la Fiscalía, Sánchez Cerén recibió hasta $530,000 en concepto de bonificaciones extra a su salario como vicepresidente de la República, durante la gestión de Funes. En el caso de Gerson Martínez, se le acusa de recibir $290,000 aparte de su salario como titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Lina Pohl, según la Fiscalía, recibió $177,000 aparte de su salario como funcionaria pública encargada de la cartera de Medio Ambiente, mientras que Guillermo López recibió $565,000 además de su salario como funcionario público.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
