Judicial
Imponen medidas a sujeto que acosaba a su ex mujer: “Yo sé que todavía me querés”
Julio C., un hombre de 31 años, fue denunciado por su ex compañera de vida quien asegura que este la acosaba intensamente y se aprovechaba porque tienen un hijo juntos.
La víctima manifestó conocer al imputado ya que con él inicio una relación de noviazgo en abril de 2014; duraron dos años aproximadamente, tiempo en el que sostuvieron relaciones con el consentimiento de ambos.
De dicha relación salió embarazada en agosto del 2015, pero el acusado no se hizo cargo del bebé ya que aseguraba no tenía trabajo y que todavía dependía de sus padres.
Julio llegaba a ver al bebé y estuvo pendiente de algunos gastos; aprovechándose de esa situación le decía a ella que debían estar juntos como pareja, pero a ella se negaba porque el inculpado consume droga y eso lo vuelve violento.
Fue así entonces que la mujer se negó rotundamente y le dejó claro que la relación entre ellos, ya había terminado.
Sin embargo, en junio de 2019 llegó a visitar al hijo, ese día aprovecho para decirle “Yo sé que todavía me querés”, pero como ella le dijo que no era cierto se molestó, la tomó del brazo, la acercó a él y puso la mano de ella sobre su parte genital encima del pantalón.
Según la mujer, desde entonces el sujeto aprovechaba cada vez que llegaba a ver al niño para tocarla a la fuerza en sus partes.
Por esos hechos, El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana realizó la audiencia inicial en contra de Julio C., de 31 años, acusado por el delito de acoso en perjuicio de su excompañera de vida.
Al finalizar la audiencia se le resolvió la continuación del proceso penal con la imposición de medidas alternas a la detención provisional por medio de vigilancia electrónica (brazalete), no cambiar de domicilio, no salir del país, no acercarse a la víctima y presentarse a firmar al Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
