Judicial
Hombre contrata a su expareja como trabajadora sexual y al negarse a pagarle $50 termina procesado por supuestas amenazas
Lo que comenzó como una noche de diversión terminó en discusiones y amenazas de muerte por parte de un hombre que contrató a su expareja como trabajadora sexual, quien al negarse a pagarle $50 por el servicio decidió llevarlo a los tribunales.
Irene (nombre modificado por seguridad) era una joven trabajadora sexual que vivía en una colonia populosa de San Salvador y siempre contactaba con sus clientes a través de llamadas telefónicas y hasta el momento no había tenido mayores problemas hasta que se comunicó con Douglas H., de 28 años de edad, un antiguo romance con el cual decidió trabajar sin saber que esa noche de alegría tendría mal término.
Todo sucedió la tarde del 19 de abril de 2018, el reloj marcaba las 4:00 de la tarde, cuando Douglas había acordado en pasar por ella en una calle cercana a su casa. Una vez reunidos se saludaron y ella se subió a su vehículo. Hasta ese momento tenían la intención de pasarla bien, por lo que su primera parada fue en un bar famoso en las cercanías de la Universidad de El Salvador (UES).
La noche apenas comenzaba y los embaces vacíos de cerveza se iban acumulando sobre la mesa, las risas comenzaron y ambos disfrutaban de su compañía. Con varias bebidas en la cabeza decidieron ir a bailar hasta una discoteca a unos cuantos kilómetros de donde estaban.
Los cuerpos comenzaron a moverse al son de la música, la tensión entre los dos se comenzaba a elevar al igual que las copas. Hasta ese momento, todo eran risas, abrazos y besos, era una noche prometedora por lo que como última parada ir a un motel sobre la Troncal del Norte en Ciudad Delgado.
El dinero perdido
Eran las 12:30 de la media noche y como todo un contrato este había llegado a su fin. El hombre pagó los $50 por el servicio. Irene los tomó conforme y sin ningún tipo de reclamo. Ella le dijo que tomaría una ducha por lo que se metió al baño dejando sus cosas en un lugar de la habitación junto con el dinero de su paga.
Tras varios minutos en el baño, esta regreso y abrió su cartera con el objetivo de guardar de mejor manera el efectivo, pero para su sorpresa este ya no estaba. Asustada por esto comenzó a revisar de manera frenética sin tener resultado y por su mente pasó una sola cosa: su acompañante se lo había robado.
“No encuentro el dinero”, exclamó preocupada. “El dinero no podía caminar”, continuó diciendo con un tono molesto e indirectamente lo señaló como el responsable de su pérdida.
El hombre sin perder el tiempo salió al paso y se declaró inocente. “¡Vos estas pendeja! No tengo necesidad de agarrar ningún dinero”, pronunció al mismo tiempo que salía de la habitación hacia la cochera del motel, como quien se hace el desentendido.
Mientras ella se desesperaba por el dinero, el hombre regresó buscando su celular, ya que lo había olvidado. “Dame el teléfono”, le exigió. Inmediatamente ella le contestó: “El teléfono está en la cama. Aquí está”, mientras apuntaba.
“Vos sos una mañosa, me estas robando el teléfono. ¡No es así! Dame el teléfono o me regresas el dinero”, dijo molesto mientras se le abalanzó sobre ella tomándola de las muñecas. Este intercambio de palabras desató el infierno en esa habitación, donde unos minutos atrás todo parecía un paraíso.
Los gritos comenzaron y Douglas seguía sujetando a Irene: “¡Dame el dinero, que el dinero no saldría solo de la cartera!”, le dijo ella. “Yo no te debo nada porque ya te pagué. Lo último que tenía era lo que te pague”, le contestó furioso dejándola a un lado del cuarto.
A los pocos minutos el sujeto logró encontrar el celular y comenzó a marcar. La mujer relató que las llamadas eran para un grupo de sujetos de los que sospechaba eran pandilleros por su forma de hablar con su cliente. “¡Ey perros! Háganme el paro porque esta morra ya mucho está molestando, necesita que se calme”, ordenó.
La mujer estaba asustada y se temió lo peor. Sentada sobre la cama el hombre le preguntó: “¿Te vas o te quedás?”, con un tono serio y por alguna razón, decidió salir con él para poder llegar hasta su casa debido que no tenía como regresar a su casa.
Las amenazas
Una vez fuera del lugar y dentro del automóvil, Douglas seguía llamando a sus extraños contactos y para seguir intimidándola ponía en altavoz las conversaciones donde comentaban como balearían su vehículo como ejemplo de algo que podría pasarle a ella. Segundos después, sacó una pistola que tenía guardada debajo de su asiento con el que comenzó a amenazarla.
“Yo no te he robado nada, el teléfono ahí lo llevas. Lo único que quiero es bajarme del vehículo”, le suplicó la mujer durante el trayecto. Douglas realizó una parada en un taller de vehículos donde se encontraba uno de sus amigos, pero antes le señaló a Irene: “Si te bajás te voy a matar, hija de la gran puta. No sabes con quien te has metido ni para la historia vas a quedar en ese tu carro mierda”.
Para su suerte los hombres que estaban en el lugar no hicieron nada en su contra. El vehículo emprendió su marcha y Douglas no soltaba la pistola. “Él me dijo que si hablaba de lo que había pasado me iba a matar y al mismo tiempo se tocaba el arma de fuego”, señaló, horas después, a las autoridades la angustiada mujer, quien explicó que el hombre le permitió bajarse del vehículo a unos cuantos metros de donde la había ido a traer.
Irene decidió no quedarse callada y lo denunció a la Policía. Horas después el hombre había sido identificado y capturado por los delitos de privación de libertad y amenazas; estuvo resguardado en las bartolinas de San Salvador hasta ser llevado al centro penitenciario de Quezaltepeque.
En la audiencia preliminar sus abogados señalaron que todo se trababa de una “denuncia de carácter calumniosa” con el ánimo de tomar venganza contra uno de sus clientes que años antes había sido su compañera sentimental y solicitaron eliminar el delito de privación de libertad, ya que ella “andaba con su consentimiento”.
El caso llegó al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde se espera el desarrollo de la vista pública donde desfilarán las pruebas para determinar un fallo para el imputado.
Por. El Salvador Times.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
