Judicial
Hombre contrata a su expareja como trabajadora sexual y al negarse a pagarle $50 termina procesado por supuestas amenazas
Lo que comenzó como una noche de diversión terminó en discusiones y amenazas de muerte por parte de un hombre que contrató a su expareja como trabajadora sexual, quien al negarse a pagarle $50 por el servicio decidió llevarlo a los tribunales.
Irene (nombre modificado por seguridad) era una joven trabajadora sexual que vivía en una colonia populosa de San Salvador y siempre contactaba con sus clientes a través de llamadas telefónicas y hasta el momento no había tenido mayores problemas hasta que se comunicó con Douglas H., de 28 años de edad, un antiguo romance con el cual decidió trabajar sin saber que esa noche de alegría tendría mal término.
Todo sucedió la tarde del 19 de abril de 2018, el reloj marcaba las 4:00 de la tarde, cuando Douglas había acordado en pasar por ella en una calle cercana a su casa. Una vez reunidos se saludaron y ella se subió a su vehículo. Hasta ese momento tenían la intención de pasarla bien, por lo que su primera parada fue en un bar famoso en las cercanías de la Universidad de El Salvador (UES).
La noche apenas comenzaba y los embaces vacíos de cerveza se iban acumulando sobre la mesa, las risas comenzaron y ambos disfrutaban de su compañía. Con varias bebidas en la cabeza decidieron ir a bailar hasta una discoteca a unos cuantos kilómetros de donde estaban.
Los cuerpos comenzaron a moverse al son de la música, la tensión entre los dos se comenzaba a elevar al igual que las copas. Hasta ese momento, todo eran risas, abrazos y besos, era una noche prometedora por lo que como última parada ir a un motel sobre la Troncal del Norte en Ciudad Delgado.
El dinero perdido
Eran las 12:30 de la media noche y como todo un contrato este había llegado a su fin. El hombre pagó los $50 por el servicio. Irene los tomó conforme y sin ningún tipo de reclamo. Ella le dijo que tomaría una ducha por lo que se metió al baño dejando sus cosas en un lugar de la habitación junto con el dinero de su paga.
Tras varios minutos en el baño, esta regreso y abrió su cartera con el objetivo de guardar de mejor manera el efectivo, pero para su sorpresa este ya no estaba. Asustada por esto comenzó a revisar de manera frenética sin tener resultado y por su mente pasó una sola cosa: su acompañante se lo había robado.
“No encuentro el dinero”, exclamó preocupada. “El dinero no podía caminar”, continuó diciendo con un tono molesto e indirectamente lo señaló como el responsable de su pérdida.
El hombre sin perder el tiempo salió al paso y se declaró inocente. “¡Vos estas pendeja! No tengo necesidad de agarrar ningún dinero”, pronunció al mismo tiempo que salía de la habitación hacia la cochera del motel, como quien se hace el desentendido.
Mientras ella se desesperaba por el dinero, el hombre regresó buscando su celular, ya que lo había olvidado. “Dame el teléfono”, le exigió. Inmediatamente ella le contestó: “El teléfono está en la cama. Aquí está”, mientras apuntaba.
“Vos sos una mañosa, me estas robando el teléfono. ¡No es así! Dame el teléfono o me regresas el dinero”, dijo molesto mientras se le abalanzó sobre ella tomándola de las muñecas. Este intercambio de palabras desató el infierno en esa habitación, donde unos minutos atrás todo parecía un paraíso.
Los gritos comenzaron y Douglas seguía sujetando a Irene: “¡Dame el dinero, que el dinero no saldría solo de la cartera!”, le dijo ella. “Yo no te debo nada porque ya te pagué. Lo último que tenía era lo que te pague”, le contestó furioso dejándola a un lado del cuarto.
A los pocos minutos el sujeto logró encontrar el celular y comenzó a marcar. La mujer relató que las llamadas eran para un grupo de sujetos de los que sospechaba eran pandilleros por su forma de hablar con su cliente. “¡Ey perros! Háganme el paro porque esta morra ya mucho está molestando, necesita que se calme”, ordenó.
La mujer estaba asustada y se temió lo peor. Sentada sobre la cama el hombre le preguntó: “¿Te vas o te quedás?”, con un tono serio y por alguna razón, decidió salir con él para poder llegar hasta su casa debido que no tenía como regresar a su casa.
Las amenazas
Una vez fuera del lugar y dentro del automóvil, Douglas seguía llamando a sus extraños contactos y para seguir intimidándola ponía en altavoz las conversaciones donde comentaban como balearían su vehículo como ejemplo de algo que podría pasarle a ella. Segundos después, sacó una pistola que tenía guardada debajo de su asiento con el que comenzó a amenazarla.
“Yo no te he robado nada, el teléfono ahí lo llevas. Lo único que quiero es bajarme del vehículo”, le suplicó la mujer durante el trayecto. Douglas realizó una parada en un taller de vehículos donde se encontraba uno de sus amigos, pero antes le señaló a Irene: “Si te bajás te voy a matar, hija de la gran puta. No sabes con quien te has metido ni para la historia vas a quedar en ese tu carro mierda”.
Para su suerte los hombres que estaban en el lugar no hicieron nada en su contra. El vehículo emprendió su marcha y Douglas no soltaba la pistola. “Él me dijo que si hablaba de lo que había pasado me iba a matar y al mismo tiempo se tocaba el arma de fuego”, señaló, horas después, a las autoridades la angustiada mujer, quien explicó que el hombre le permitió bajarse del vehículo a unos cuantos metros de donde la había ido a traer.
Irene decidió no quedarse callada y lo denunció a la Policía. Horas después el hombre había sido identificado y capturado por los delitos de privación de libertad y amenazas; estuvo resguardado en las bartolinas de San Salvador hasta ser llevado al centro penitenciario de Quezaltepeque.
En la audiencia preliminar sus abogados señalaron que todo se trababa de una “denuncia de carácter calumniosa” con el ánimo de tomar venganza contra uno de sus clientes que años antes había sido su compañera sentimental y solicitaron eliminar el delito de privación de libertad, ya que ella “andaba con su consentimiento”.
El caso llegó al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde se espera el desarrollo de la vista pública donde desfilarán las pruebas para determinar un fallo para el imputado.
Por. El Salvador Times.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
