Judicial
“Párate ahí, si das información a la policía te vamos a matar” le dijeron pandilleros a un hombre tras desobedecer una orden en la colonia
Querer tener una calle libre para poder circular fue el único «pecado» que un hombre cometió ante pandilleros de la zona que atentaron en contra de su vida por considerar que al botar las piedras colocadas estaba ayudando a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cansado de la jornada laboral que había tenido, la noche del 27 de septiembre de 2017 Camilo (nombre modificado por seguridad) regresaba a su casa cuando en la entrada principal de la colonia en la que habitaba se encontró con grandes piedras que le impedían avanzar.
Teniendo conocimiento que las piedras eran colocadas por pandilleros para impedir que agentes de la PNC entraran a la colonia a patrullar, la víctima decidió remover con sus propias manos la barricada.
La molestia de Camilo era tal que no le importó que cinco de los delincuentes lo estuvieran observando y con actitud desafiante procedió a remover las rocas, algo que ningún otro vecino se había atrevido a hacer pese a los problemas que tenían para encontrar un lugar donde estacionar sus vehículos.
Una vez removidas las piedras, el hombre se dispuso a seguir su camino, pero los delincuentes salieron a su paso y le ordenaron detener la marcha, algo que la víctima no obedeció.
“Párate ahí”, fue el grito con el que Kevin H., intentó atemorizar a un Camilo que se detuvo hasta que sintió que un disparo impactó con la carrocería del vehículo que fue rodeado por los delincuentes.
Al costado derecho del pick up se puso colocó Jimmy F., quien sin andar con rodeos le preguntó: “¿Por qué no hiciste caso de parar? Y si no bajas la luz te vamos a matar ya que nosotros mandamos en la zona”.
Lleno de impotencia. Camilo siguió escuchando a sus verdugos, en ese momento tomó la palabra José R., quien le ordenó que se bajara del carro para que Eduardo A. le colocara la pistola en la cabeza y lo amenazara: “Si das información a la policía te vamos a matar”, lo sentenció.
Todo pasó en cuestión de minutos, Camilo sintió la muerte sobre sus hombros pero pese a esto decidió denunciar a las autoridades sobre lo que había pasado y se le dieron las medidas de seguridad previa al inicio de un proceso judicial.
Los sujetos fueron arrestados meses después y en el requerimiento fiscal fueron acusados por limitación ilegal a la libertad de circulación, el cual se mantuvo hasta llegar a la vista pública desarrollada por el tribunal Tercero de sentencia de San Salvador.
Tras las pruebas presentadas por la representación fiscal y los alegatos de la defensa de los cuatro imputados el juez los declaró culpables y por ser un delito menor los condenó a tres años de trabajos de utilidad pública por los daños ocasionados.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
