Judicial
Hermanos que fingieron muerte para cobrar un seguro de $84,000 han sido condenados a 28 años de prisión
Fiscales de la Unidad de Vida de la sede en San Vicente lograron una condena de 28 años de cárcel para los hermanos Manuel Alejandro y German Ernesto Valencia Murcia, por simular muerte en un accidente de tránsito y así cobrar un seguro de un crédito hipotecario por US$84,000.00.
El 29 de junio del año dos mil dieciséis, sobre el kilómetro 50 de la carretera Panamericana, a la altura del cantón La Virgen del municipio de Tepetitán en el departamento de San Vicente, los hermanos Murcia fingieron un accidente de tránsito, donde se encontró el cadáver de una persona calcinada.
El vehículo automotor era marca Chevrolet, modelo Sparck, y se presumió que el fallecido era Manuel Alejandro.
La persona calcinada que hasta el momento no se ha identificado presentó como causa de muerte fracturas de cráneo, vértebras y pelvis.
Luego del accidente automovilístico, German Ernesto tramitó la certificación de las diligencias de investigación para presentarlas a un banco para hacer efectivo el pago de una póliza por más de cuatro mil 300 dólares. También intentó reclamar el seguro de un crédito hipotecario por un valor de US$84,000.00 por la supuesta muerte de Manuel Alejandro.
Los sentenciados fueron capturados por orden de la FGR en octubre del 2019, en La Unión.
El Juzgado de Sentencia de San Vicente después de validar las pruebas de cargo presentadas por el fiscal del caso, que demostraron que cometieron los delitos de Homicidio, Simulación de Delito, Fraude Procesal y Estafa Agravada, le impuso una condena de 28 de años de cárcel, a cada uno.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
