Judicial
Fiscal Ana Graciela Sagastume asume como fiscal especial para casos de feminicidio
La fiscal Ana Graciela Sagastume asumirá desde este día como fiscal especial en casos de feminicidios, una nueva instancia creada por la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz del incremento en estos delitos. Sagastume se desempeñaba como jefa de la Unidad Especial de Atención a Mujeres en Santa Ana, y en su hoja de vida destaca haber estado al frente de las investigaciones en los crímenes de la periodista Karla Turcios y la doctora Rosa María Bonilla.
El anuncio lo hizo la mañana del martes el fiscal general, Douglas Meléndez y forma parte del lanzamiento de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGTBI.
La nueva dirección estará conformada por cuatro coordinaciones especializadas, Meléndez apuntó que la primera estará a cargo de una fiscal especial que atenderá los casos de feminicidios; la segunda, en casos relacionados a la niñez y la adolescentes; la tercera estará dirigida a la población LGBTI y la última será adjudicada a la personas con discapacidad y adultos mayores.
Meléndez dijo que «esta nueva Dirección nos dará, entre muchos beneficios, datos estadísticos confiables, porque al saber exactamente qué pasa, podremos enfocar los recursos necesarios, dimensionar el problema y tomar las acciones correspondientes».
En los últimos meses se han incrementado los índices de asesinato en mujeres, niños y adolescentes, lo que ha provocado preocupación por parte de las autoridades de la seguridad pública.
Meléndez aclaró que los jóvenes son los más propensos a ser víctimas de las pandillas, ya sea para ser absorbidos por ella o por el simple hecho de ser joven. «Los círculos viciosos que tenemos en este momento de la niñez y la adolescencia, proclive a ser afectada por la delincuencia o a ser metida en la delincuencia, es grande. Creo que merece una atención especial», señaló.
El fiscal general explicó que dentro de las instancias jurídicas se han constituido para el mejorar la atención y protección a las víctimas, las unidades de género, actualización del protocolo de feminicidios. «Debemos acercar la justicia a las víctimas. Haremos alianzas con otras entidades del Estado y empresa privada para que se puedan recibir denuncias o avisos en los supermercados, por ejemplo, donde llega la víctima sin que el victimario sospeche», señaló el fiscal.
Por: El Salavador Times.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
