Judicial
Fiscal Ana Graciela Sagastume asume como fiscal especial para casos de feminicidio
La fiscal Ana Graciela Sagastume asumirá desde este día como fiscal especial en casos de feminicidios, una nueva instancia creada por la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz del incremento en estos delitos. Sagastume se desempeñaba como jefa de la Unidad Especial de Atención a Mujeres en Santa Ana, y en su hoja de vida destaca haber estado al frente de las investigaciones en los crímenes de la periodista Karla Turcios y la doctora Rosa María Bonilla.
El anuncio lo hizo la mañana del martes el fiscal general, Douglas Meléndez y forma parte del lanzamiento de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGTBI.
La nueva dirección estará conformada por cuatro coordinaciones especializadas, Meléndez apuntó que la primera estará a cargo de una fiscal especial que atenderá los casos de feminicidios; la segunda, en casos relacionados a la niñez y la adolescentes; la tercera estará dirigida a la población LGBTI y la última será adjudicada a la personas con discapacidad y adultos mayores.
Meléndez dijo que «esta nueva Dirección nos dará, entre muchos beneficios, datos estadísticos confiables, porque al saber exactamente qué pasa, podremos enfocar los recursos necesarios, dimensionar el problema y tomar las acciones correspondientes».
En los últimos meses se han incrementado los índices de asesinato en mujeres, niños y adolescentes, lo que ha provocado preocupación por parte de las autoridades de la seguridad pública.
Meléndez aclaró que los jóvenes son los más propensos a ser víctimas de las pandillas, ya sea para ser absorbidos por ella o por el simple hecho de ser joven. «Los círculos viciosos que tenemos en este momento de la niñez y la adolescencia, proclive a ser afectada por la delincuencia o a ser metida en la delincuencia, es grande. Creo que merece una atención especial», señaló.
El fiscal general explicó que dentro de las instancias jurídicas se han constituido para el mejorar la atención y protección a las víctimas, las unidades de género, actualización del protocolo de feminicidios. «Debemos acercar la justicia a las víctimas. Haremos alianzas con otras entidades del Estado y empresa privada para que se puedan recibir denuncias o avisos en los supermercados, por ejemplo, donde llega la víctima sin que el victimario sospeche», señaló el fiscal.
Por: El Salavador Times.
Foto: FGR
Por tratar de sacar del país a dos personas adultas y tres menores de edad, a través de un punto fronterizo ilícito en el departamento de Ahuachapán, José Isaías Roque Ramírez fue sentenciado a una pena de prisión de seis años.
Fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas explicaron que el incriminado, junto a las víctimas, fue detenido en flagrancia por elementos militares el 19 de abril del año 2021, cuando trataban de burlar a las autoridades.
En las investigaciones se estableció que las víctimas emprendían la travesía con rumbo a Chiapas, México, para luego buscar, por sus medios, llegar hacia Los Estados Unidos de Norteamérica.
La prueba en su conjunto presentada, demostró que el imputado había cobrado por el traslado, $500 dólares por cada una de las víctimas.
Por sus acciones ilícitas, el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán emitió un fallo condenatorio por el delito de Tráfico Ilegal de Personas.
Imagen de referencia
El cinco de enero de este año un vendedor ambulante fue interceptado por tres sujetos que se identificaron como miembros de la pandilla MS y que le exigieron $25 dólares cada mes para dejarlo trabajar y no atentar contra su vida y la vida de su familia. Haciendo justicia para esa víctima, la Oficina Fiscal de Sonsonate logró que se impusiera una condena de 15 años y seis meses a los delincuentes.
Lo pandilleros que deberán cumplir la condena son: Wilber Antonio Rivera Díaz, Josué Enrique Rivera Villalta y José Roberto Fuentes Portillo.
Según la investigación, la víctima con mucho sacrificio realizó tres entregas del dinero exigido.
El fiscal de la oficina de Sonsonate informó que los tres delincuentes en una ocasión incluso amenazaron con un arma de fuego al vendedor ambulante que distribuía su producto en la colonia Santa Lucía, cantón Agua Shuca, del municipio de San Julián, departamento de Sonsonate.
El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate consideró que la prueba presentada por la representación fiscal fue contundente para demostrar la culpabilidad de los sujetos, a quienes se les juzgó por el delito de extorsión agravada.
Edwin Edmundo Peña Valladares, extorsionista de un comerciante fue condenado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, a 10 años de prisión.
En la vista pública la Fiscalía General de la República detalló al tribunal que el 27 de mayo de 2021, la víctima con régimen de protección llegó a un puesto de la Policía Nacional Civil (PNC) a denunciar una extorsión.
El comerciante le dijo a los agentes policiales que había recibido mensajes de texto en el teléfono celular de un extorsionista quien le manifestaba que era miembro de pandilla.
El denunciante informó que le estaban exigiendo $3,500 y que debía entregarlos el 1 de junio de ese año o de lo contrario lo amenazaron con atentar en su contra, su familia y el negocio.
En la entrevista que los agentes antiextorsiones le tomaron les manifestó que no había hecho ninguna entrega de dinero, pero que el chantajista le había mandado un video en el cual le hacía ver que andaba merodeando su negocio y la casa donde residía con su familia.
Luego del video lo volvió a contactar para insistirle en la entrega del dinero el día señalado. Investigadores que ya había retomado el caso asesoraron a la víctima y de esa manera identificaron al extorsionista quien fue capturado de forma infraganti.
En el fallo emitido por el tribunal se determinó que todas las pruebas recopiladas por la Fiscalía en contra de Edwin Edmundo Peña Valladares acreditaron que era el extorsionista que exigía los $3,500 a la víctima y debía ser condenado.
