Judicial
Fiscal Ana Graciela Sagastume asume como fiscal especial para casos de feminicidio
La fiscal Ana Graciela Sagastume asumirá desde este día como fiscal especial en casos de feminicidios, una nueva instancia creada por la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz del incremento en estos delitos. Sagastume se desempeñaba como jefa de la Unidad Especial de Atención a Mujeres en Santa Ana, y en su hoja de vida destaca haber estado al frente de las investigaciones en los crímenes de la periodista Karla Turcios y la doctora Rosa María Bonilla.
El anuncio lo hizo la mañana del martes el fiscal general, Douglas Meléndez y forma parte del lanzamiento de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGTBI.
La nueva dirección estará conformada por cuatro coordinaciones especializadas, Meléndez apuntó que la primera estará a cargo de una fiscal especial que atenderá los casos de feminicidios; la segunda, en casos relacionados a la niñez y la adolescentes; la tercera estará dirigida a la población LGBTI y la última será adjudicada a la personas con discapacidad y adultos mayores.
Meléndez dijo que «esta nueva Dirección nos dará, entre muchos beneficios, datos estadísticos confiables, porque al saber exactamente qué pasa, podremos enfocar los recursos necesarios, dimensionar el problema y tomar las acciones correspondientes».
En los últimos meses se han incrementado los índices de asesinato en mujeres, niños y adolescentes, lo que ha provocado preocupación por parte de las autoridades de la seguridad pública.
Meléndez aclaró que los jóvenes son los más propensos a ser víctimas de las pandillas, ya sea para ser absorbidos por ella o por el simple hecho de ser joven. «Los círculos viciosos que tenemos en este momento de la niñez y la adolescencia, proclive a ser afectada por la delincuencia o a ser metida en la delincuencia, es grande. Creo que merece una atención especial», señaló.
El fiscal general explicó que dentro de las instancias jurídicas se han constituido para el mejorar la atención y protección a las víctimas, las unidades de género, actualización del protocolo de feminicidios. «Debemos acercar la justicia a las víctimas. Haremos alianzas con otras entidades del Estado y empresa privada para que se puedan recibir denuncias o avisos en los supermercados, por ejemplo, donde llega la víctima sin que el victimario sospeche», señaló el fiscal.
Por: El Salavador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez de San Salvador resolvió decretar la instrucción formal del proceso penal y la detención provisional para 5 personas, al quedar establecida su participación en delitos relacionados a la venta fraudulenta de vehículos y que eran alquilados en diferentes negocios. Bajo órdenes administrativas, fueron capturados el pasado 2 de los corrientes.
El fiscal de la Unidad Especializada de Hurto y Robo de Vehículos explicó que el Juzgado 15° de Paz instaló la audiencia inicial en contra de los acusados, a quienes se les atribuyen delitos de Estafa, Falsedad ideológica, Apropiación indebida de vehículo y otros.
“Hemos aportado suficientes elementos iniciales de prueba y a criterio del juzgador son suficientes para acreditar tanto la existencia de los delitos, como la participación de los involucrados”, detalló el fiscal. Es así como se ha resuelto que permanezcan bajo detención preventiva hasta que se celebre la audiencia preliminar.
Los acusados son: René Stanley Ramos Hernández, José Eduardo Gaitán Aldana, Williams Francisco Villalta Pineda Jobab Isaí Segura Gómez y Evelyn Jennette Castillo Ramírez.
Las investigaciones establecen que, en el año 2019, los imputados formaron una red de dedicada a rentar vehículos que luego vendían a otras personas con documentación falsa, utilizando tramitadora de la Plaza Mariachi en esta capital.
Se lograron identificar un total de ocho vehículos rentados, apropiados y vendidos de forma fraudulenta y con lo que se estima que estafaron a sus víctimas hasta por un monto aproximado de $75,000.
Judicial
Miembro de la MS es condenado a 20 años de cárcel por un homicidio en Ciudad Arce, La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla declarara culpable a un pandillero de la MS y le impusiera una pena de 20 años en prisión, por haber participado en el crimen de Marcidio López Amaya. Hecho consumado en el año 2018 en jurisdicción de Ciudad Arce, departamento de La Libertad.
El informe de la Unidad de Vida e Integridad Física de la sede de Santa Tecla detalla que, en la vista pública, el pandillero Milton Alexander Trigueros Consuegra, fue encontrado culpable por el referido Tribunal, el cual le impuso la pena de 20 años de cárcel.
La representación fiscal acreditó suficiente prueba con la que demostró ante el Tribunal, que Trigueros Consuegra, alias “Colega” participó en el ataque a mano armada en contra de Marcidio López Amaya, ocurrido el 8 de julio de 2018 alrededor de las 08:30 de la mañana en el caserío Los Laureles, del cantón Zapotitlán, del municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad.
Según la relación de los hechos cuatro sujetos llegaron armados al lugar, entre ellos Milton, quienes sin mediar palabras le realizaron varios disparos a la víctima, quien falleció inmediatamente, posteriormente los sujetos huyeron del lugar.
Imagen de referencia
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango, luego de escuchar las pruebas de cargo y descargo, condenó a 20 años de prisión a cuatro supuestos pandilleros por el delito de extorsión agravada.
Los condenados son: Julio Adalberto Huezo Portillo, de 38 años de edad; Roberto Carlos Lemus, de 20; José Orlando Pineda Vásquez, de 22, y Herberth Alonso Huezo Portillo, de 39.
Consta en el proceso que, los hechos ocurrieron en el municipio de La Reina, departamento de Chalatenango, desde junio de 2019 cuando los sujetos llegaron al negocio de su víctima para exigirle $2 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida o la de sus parientes más cercanos. La víctima entregó el dinero.
Un mes después, los pandilleros volvieron donde su víctima para pedirle $1,000 dólares, siempre bajo amenazas de muerte. Nuevamente la víctima entregó el dinero por temor a que los pandilleros cumplieran sus amenazas.
En agosto de ese mismo año, los sujetos interceptaron al comerciante para exigirle esta vez $5,000 dólares, pero este les dijo que no andaba dinero; por lo tanto, los pandilleros le dijeron que llegarían a su casa en unos días.
Ante esto, la víctima interpuso la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes montaron un dispositivo para arrestar en flagrancia a los sujetos que llegaron el 19 de agosto a recoger los $5,000 dólares.
A los ahora condenados se les decomisó el paquete que contenía billetes debidamente seriados. En el juicio los cuatro fueron debidamente individualizados.
