Judicial
Hombre lleva a juicio a su hermano por acoso sexual
“Él está obsesionado conmigo y me tiene amenazado con las pandillas”, dijo Ernesto A., un joven de 28 años de edad que acusó en dos ocasiones a su hermano mayor, Edgardo A., de 30 años, de cometer el delito de acoso sexual en contra de él.
Según lo relatado por el afectado, el principal escenario en donde su hermano lo ha atacado constantemente es en su vivienda, un departamento situado en la colonia Zacamil, en Mejicanos, en el departamento de San Salvador.
En ese hogar, la víctima vive con el que se convirtió en el supuesto atacante desde el año 2012 y el progenitor de ambos, don Porfirio, un hombre pensionado de 67 años. La madre y esposa, respectivamente, de los tres sujetos murió hace 12 años. Cuando la mujer falleció la edad de Ernesto era de 14 y la de Edgardo 16.
El ambiente en el departamento se tornó hostil desde que –según los relatos de la víctima- iniciaron acciones de contenido sexual por parte de Edgardo hacia Ernesto.
“Cuando me baño, él se sube a una escalera para verme. Me toca el trasero y me dice: ‘esto es mío’”, comentó el afectado.
Las actitudes y comentarios negativos hechos por su hermano llevaron a Ernesto a amenazar con interponer una denuncia en el 2012 ante la Fiscalía General de la República (FGR). En ese momento, no las cumplió, pero un año debido a la indignación que sintió hizo realidad la advertencia.
En el 2013, bajo un procedimiento abreviado, Edgardo fue sancionado por un Juzgado de Paz de San Salvador, por lo que debía presentarse a firmar por tres años y, a la vez, le ordenaron que debía alejarse de la víctima, por ende abandonar la vivienda.
Durante dos años, la víctima convivió solo con su padre, pues en enero de 2015 el imputado retornó al apartamento y con ello regresó el hostigamiento, según dijo Ernesto.
La víctima explicó que en varias ocasiones, mientras desayunaba, su hermano le colocó los genitales en uno de sus brazos. Además, dijo se masturbaba frente a él y la de su padre.
“¡Mirá qué rico! Esto va por vos”, “Mirá de lo que te perdés”, eran las frases que la víctima escuchó cada vez que su hermano se autocomplacía.
El 8 de abril de 2015 el ofendido llegó por segunda ocasión a la FGR y presentó nuevamente el requerimiento ante un juzgado bajo el mismo delito de la primera acusación: acoso sexual.
“Él me quiere sacar de la casa”
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública para resolver el caso. Ante el juez a cargo, Edgardo –el acusado- expuso que él no es de pandillas como estaba diciendo su hermano y que además no cometía tal delito.
“Él me quiere sacar de la casa y es por eso que me está haciendo esas acusaciones”, explicó.
Esas palabras fueron confirmadas por el mismo acusador: “Quiero que Edgardo se vaya de la casa y me pague $500 por los daños que me ha causado”.
El abogado defensor indicó en sus alegatos que la víctima fue muy ambigua al momento de brindar sus declaraciones, pues no determinó fechas específicas. Además, explicó que la FGR no presentó a un supuesto testigo que podía ser clave en el hecho: el padre de ambos hermanos.
Luego de escuchar a ambas partes, tanto defensora como acusadora, el juez determinó absolver a Edgardo penal y civilmente al tomar en cuenta diversos detalles que indicaban que no era culpable del delito, entre ellos el peritaje psicológico hecho a la víctima.
Erotomanía, el trastorno sexual de Ernesto
Ante el juez del tribunal fueron presentadas diversas pruebas, entre ellas, un peritaje psicológico. En él se reflejaba que la víctima, Ernesto, padece de erotomanía, un trastorno mental inusual en el que una persona mantiene la creencia ilusoria de que otra está enamorada de ella.
Unas de las evaluaciones forenses indicó que se le detectaron ideas referenciales, básicamente de contexto sexual y que presenta una alteración mental.
Por otro lado, el evaluado no muestra afectaciones emocionales por la denuncia interpuesta en contra de su hermano mayor.
Además, el peritaje social determinó que Ernesto emerge de una familia nuclear con la figura de ambos padres hasta la edad de 14 años, debido a la muerte de su madre.
Esto originó que el joven desarrollara una baja autoestima, rechazo y resentimiento hacia su padre y hacia el denunciado.
Los dos hijos dependen económicamente de la pensión que recibe su padre, por lo que el mayor de ellos (el acusado) no puede mudarse a otra vivienda por estar desempleado desde hace tres años.
Gran parte de estas conclusiones fueron las que ayudaron a que el juez emitiera su veredicto a favor del imputado.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
