Judicial
Exjefe del GRP acusado de encubrimiento en el asesinato de la agente Carla Ayala será procesado en libertad
Un juez ha ordenado procesar en libertad a un comisionado de la PNC vinculado con el asesinato de Carla Ayala, confirmaron fuentes judiciales.
De acuerdo con datos oficiales, el jefe policial es acusado por el encubrimiento en torno al asesinato de la agente Carla Ayala, destacada en la delegación de Apopa, en la unidad de Asuntos Internos de la PNC.
La decisión del juez surgió luego que al jefe policial sse le practicara un examen psicosocial realizado por Medicina Legal.
Las medidas sustitutivas a la detención tienen que ver con que mientras siga el proceso judicial en su contra deberá presentarse cada 15 días a firmar a los tribunales.
Además, tiene prohibido salir del país y cambiar de dirección domiciliar, entre otras medidas.
“El exjefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) fue detenido en la posterior etapa del proceso y según las indagaciones, por el delito que tiene, se le pudo beneficiar con este tipo de resolución”, detalla la información difundida por los juzgados.
En este caso, el proceso judicial es realizado en el Juzgado Especializado para una vida libre violencia y discriminación para la Mujer.
Se informó que el resultado de las pruebas que le realizaron al policía indicaron que padece de ansiedad; será en octubre cuando se conozca la fecha de la audiencia preliminar.
La agente Ayala desapareció la madrugada del 29 de diciembre de 2017 y el cadáver fue encontrado meses más tarde.
Por: El Salvador Times.
Se parte del nuevo Grupo de Diario Digital Cronio, un espacio para comentar, opinar, denunciar y exigir a nuestros gobernantes. Únete ya mismo: https://www.facebook.com/groups/2989782074426981/
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
