Judicial
Exfiscal general Douglas Meléndez es denunciado por “sometimiento y tortura” a testigo de casos contra Saca y Funes
“Fue un hecho que se dio a inicios del período del exfiscal general, en la que trataron a una persona de la misma forma que se ha conocido que han tratado a algunos fiscales, sometiéndolos, torturándolos básicamente, para obligarlos a dar información o decir cosas que no les constan y utilizarlos dentro de procesos como testigos criteriosos”, señaló el lunes uno de los abogados del señor Roberto Rodríguez, quien acusa al ex fiscal general Douglas Meléndez de “tortura” y “sometimiento” para declarar en los casos Destape a la Corrupción y Saqueo Público.
Roberto Rodríguez fue uno de los testigos en ambos casos que involucran a dos expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. El demandante a través de sus apoderados legales señala a Meléndez de obligarlos a testificar, diciendo cosas que no le constaban él pero que servirían para incriminar a Saca y Funes, así lo dijo uno de sus abogados.
Pero la demanda no es solo contra Douglas Meléndez ya que el ahora demandante señala además al exjefe de la unidad Financiera, Jorge Cortez y otros fiscales auxiliares por delitos como actos arbitrarios, coacción, atentados relativos al derecho de defensa, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, falsedad documental agravada.
Ante este hecho, Roberto Rodríguez habría presentado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) una demanda contra Meléndez y el resto de señalados, pero se enteraron que la PDDH estaba siendo sometida por el exfiscal general en su momento.
Los abogados dijeron que no se había presentado con anterioridad la demanda debido al temor por la manare de actual de Douglas Meléndez.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
