Judicial
Exdirector FOSOFAMILIA y su cónyugue enfrentan demanda en la FGR por presunto enriquecimiento ilícito de $284,949.94
Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), y su cónyuge Violeta Yanira de Jenkins, enfrentan una demanda en la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
A los señalados se les acusa de incremento patrimonial por un total de $284,949.94 de los cuáles no presentaron respaldo sobre su origen.
La demanda presentada, ayer, martes por la Fiscalía ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, que también conoce los casos de tipo civil, fue producto de las investigaciones financieras de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Probidad le presentó los hallazgos del supuesto enriquecimiento ilícito de Jenkins Lorenzana, y su esposa, al pleno de la Corte Suprema de Justicia, tras analizar el patrimonio familiar del exfuncionario durante su gestión.
Jenkins Lorenzana fue director ejecutivo del FOSOFAMILIA del 2 de enero de 2006 al 16 de marzo de 2010.
Sin embargo, fue hasta el pasado 10 de marzo que la Corte Plena encontró que hay suficientes indicios de riqueza ilícita en las cuentas del exdirector de FOSOFAMILIA y le certificó a la Fiscalía para que presente la demanda ante la cámara correspondiente.
La Cámara deberá programar las audiencias preparatoria y probatoria, donde ambas partes deben presentar las pruebas del caso.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
