Judicial
Detención provisional a supuestos asesinos de joven que viajaba en un taxi
El Juzgado 1° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Luis Alexander Carbajal Sánchez, de 32 años de edad y Luis Alejandro Hernández Fernández, de 23 años acusados de homicidio agravado en perjuicio de Henry V. y homicidio agravado tentado en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Según la denuncia fiscal el viernes cuatro de mayo, Henry junto a otra persona solicitaron a la víctima con régimen de protección los llevara al Centro Comercial Metrocentro, pero al llegar no se bajaron y le indicaron que continuara la marcha rumbo al oriente, cuando pasaron por el Boulevard Don Rua, víctima con régimen les preguntó dónde se bajarían a lo que Henry manifestó que continuara la ruta hacia el Mercado San Miguelito.
Pero antes de llegar al mercado, en un semáforo ubicado entre la Primera Avenida Norte y 21 Calle Oriente de ésta ciudad, al costado derecho del conductor se acercó una motocicleta conducida por el imputado Hernández y el imputado Carbajal, quien se conducía como pasajero en la motocicleta, efectuó varios disparos provocando la muerte de Henry.
Agentes policiales de la Sección Táctica Operativa escucharon la alerta, a través del operador de emergencias 911 y dieron seguimiento a los imputados, debido a que se les proporcionó información de los imputados, motocicleta y hacia donde se movilizaban según el sistema de video vigilancia.
Los imputados fueron capturados ese mismo día a las 3:30 de la tarde en un apartamento de los Condominios Cruz Roja Número tres, en Cuscatancingo.
El proceso pasó el viernes pasado al Juzgado 1° de Instrucción y tendrá un período de cinco meses para que las partes presenten diligencias necesarias en el proceso.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
