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Judicial

Corte de Cuenta presenta 10 avisos ante la Fiscalía por uso inadecuado de fondos públicos en 10 alcaldías

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Este lunes, la Corte de Cuentas de la República (CCR), presentó 10 avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el uso inadecuado de fondos públicos en diez alcaldías del país, que finalizaron su período el 30 de abril de 2021.

Los posibles ilícitos detectados por la CCR, a través de auditorías, en las alcaldías son malversación de fondos, administración fraudulenta, incumplimiento de deberes, peculado, retención y apropiación de cuotas laborales y tributarias, actos arbitrarios, falsedad material y documental agravada e ideológica.

De acuerdo con la CCR, los fondos públicos concernientes a los diez avisos presentados ante la FGR ascienden a $9,573,569.64, asignados a seis alcaldías de la zona occidental, una de la zona paracentral, una de la zona central y una del oriente, para emergencia por Covid-19, Fondos para el Desarrollo Económico y Social (FODES), fondos propios, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y préstamos.

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Salvadoreño que colaboró con estructura criminal colombiana tras asesinato de fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, seguirá en prisión

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El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán decretó la instrucción formal, con la medida cautelar de la detención, contra el salvadoreño Wilber Geovanni Rodríguez.

El procesado es acusado de colaborar con la estructura criminal que ordenó el homicidio del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci.

Tras valorar la prueba indiciaria aportada por la Fiscalía General de la República (FGR), el citado tribunal resolvió que el acusado debe continuar en detención provisional.

Wilber Giovanni Rodríguez fue capturado el 18 de enero, en una residencial de Antiguo Cuscatlán, junto a la colombiana Margareth Lizeth Chacón Zúniga.

La ciudadana colombiana, ya extraditada a su país, está acusada de pertenecer a la estructura que planificó el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

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Guatemaltecos condenados a 10 años de cárcel por tráfico de drogas e ingresar ilegalmente a El Salvador

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana realizó juicio contra Rudy Abraham Tobar Lemus y José Héctor Urizar Cruz, ambos originarios de Guatemala, y les condenó a 10 años de prisión por tráfico ilícito de droga

Según los reportes, tarde del 21 de febrero de 2022, dos guatemaltecos fueron sorprendidos por soldados de la Fuerza Armada (FAES) cuando transportaban dos maletines que contenían metanfetaminas.

El hallazgo se dio en el caserío Las Conchas del cantón Tecomapa, en Metapán, Santa Ana, donde ingresaban al país por un paso no habilitado.

El total de droga incautada fue de 5,913.4 gramos, con un valor comercial de 206 mil 969 dólares.

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Mujer pagará 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante con $40 en San Salvador

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A 10 años de prisión fue condenada Daniela Esmeralda Solano Cuellar, por haber extorsionado con $40 a un comerciante, en San Salvador, según quedó establecido en la vista pública que realizó el Tribunal Segundo de Sentencia.

La denuncia de la víctima y una entrega de dinero controlada que agentes especializados antiextorsiones documentaron, fueron contundentes para que el juez de la causa le impusiera la pena mínima por ese delito.

La víctima con régimen de protección, quien llegó a declarar al juicio, dijo que a su negocio llegaron a exigirle dinero y que acordó entregarles $40 ya que la amenazaron con asesinarla junto a su familia.

El comerciante comenzó a ser chantajeado en abril del año 2021 y la denuncia la interpuso en mayo, pero a través de entregas controladas identificaron a Solano Cuellar en julio del mismo año.

Agentes policiales que llegaron a declarar manifestaron que en una primera entrega de dinero no lograron identificar a la imputada, pero en un segundo pago sí la perfilaron y esas fotografías fueron incluidas a un álbum anexado al expediente.

La víctima en su declaración también sostuvo que los agentes policiales la asesoraron para que instalara cámaras de videovigilancia en su negocio para que verificara cuando llegaran los extorsionistas.

El juez al momento de emitir la sentencia condenatoria, expreso que hubo dolo por parte de la mujer y que tenía conocimiento claro que estaba extorsionando y por eso le impuso los 10 años.

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