Judicial
Condenan hasta 34 años de prisión a pandilleros que participaron en el crimen de un agente de la PNC en La Campanera
El Juzgado Especializado de Sentencia «A» de San Salvador condenó a penas que oscilan entre los cuatro y 34 años de prisión a 13 mareros, como cómplices no necesarios en el caso donde se le quitó la vida a Luis Humberto Herrera y al agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Víctor Alcides Díaz Nolasco y por agrupaciones ilícitas.
Los condenados a 34 años de prisión son José Lisandro Portillo, Fredy Vladimir Avilés, José Rodrigo Martínez, Juan José Galdámez, Johnny Alexander Rodríguez, Marvin Zelaya, Jonathan David Barrientos, Giovanni Pérez y José Miranda. Otros cuatro pandilleros fueron condenados a cuatro años de prisión.
El juez manifestó que no se pudo comprobar la participación de los ahora condenados en el momento de cometer los hechos, porque el testigo dijo que no estuvo presente al momento que se le quitó la vida a las personas, solo estuvo en el transporte de los cuerpos.
Según la declaración del testigo con criterio de oportunidad trabajo desde el 2002 en el sector de La Campanera, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, realizando programas de “reinserción” de pandilleros a la sociedad, ganándose así la confianza de los mareros y conociendo el nivel jerárquico que la estructura poseía.
Asimismo, declaró que el 6 mayo del 2017 en horas de la noche recibió una llamada del procesado Juan José Galdámez, quien le dijo que les tenía que hacer un viaje sino quería que se ejecutara a su familia, narrando que subieron tres bultos a su vehículo y que hasta después se dio cuenta que lo que había transportado era el cuerpo de un exmilitar, por este caso fueron absueltos porque carecía de prueba pericial.
Posteriormente dijo que el 17 de julio del 2017 volvió a recibir otra llamada del mismo sujeto, quien le volvió a decir lo mismo que tenía que trasportar otro cuerpo, pero que unos mareros se iban a desplazar con él para asegurase que no los denunciara.
Además, contó que el 18 de julio volvió a recibir otra llamada para transportar otro bulto, que después se enteró que era el cuerpo de un agente de la PNC, pero que él ya se sentía culpable de estar ayudando por temor a los mareros y que el 19 de julio del 2017, él se presentó a la PNC para declarar lo que había sucedido una noche antes, narrando que ese día quedó detenido, pero que él ya no quería seguir ayudado a la estructura.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
