Judicial
Condenan hasta 34 años de prisión a pandilleros que participaron en el crimen de un agente de la PNC en La Campanera
El Juzgado Especializado de Sentencia «A» de San Salvador condenó a penas que oscilan entre los cuatro y 34 años de prisión a 13 mareros, como cómplices no necesarios en el caso donde se le quitó la vida a Luis Humberto Herrera y al agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Víctor Alcides Díaz Nolasco y por agrupaciones ilícitas.
Los condenados a 34 años de prisión son José Lisandro Portillo, Fredy Vladimir Avilés, José Rodrigo Martínez, Juan José Galdámez, Johnny Alexander Rodríguez, Marvin Zelaya, Jonathan David Barrientos, Giovanni Pérez y José Miranda. Otros cuatro pandilleros fueron condenados a cuatro años de prisión.
El juez manifestó que no se pudo comprobar la participación de los ahora condenados en el momento de cometer los hechos, porque el testigo dijo que no estuvo presente al momento que se le quitó la vida a las personas, solo estuvo en el transporte de los cuerpos.
Según la declaración del testigo con criterio de oportunidad trabajo desde el 2002 en el sector de La Campanera, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, realizando programas de “reinserción” de pandilleros a la sociedad, ganándose así la confianza de los mareros y conociendo el nivel jerárquico que la estructura poseía.
Asimismo, declaró que el 6 mayo del 2017 en horas de la noche recibió una llamada del procesado Juan José Galdámez, quien le dijo que les tenía que hacer un viaje sino quería que se ejecutara a su familia, narrando que subieron tres bultos a su vehículo y que hasta después se dio cuenta que lo que había transportado era el cuerpo de un exmilitar, por este caso fueron absueltos porque carecía de prueba pericial.
Posteriormente dijo que el 17 de julio del 2017 volvió a recibir otra llamada del mismo sujeto, quien le volvió a decir lo mismo que tenía que trasportar otro cuerpo, pero que unos mareros se iban a desplazar con él para asegurase que no los denunciara.
Además, contó que el 18 de julio volvió a recibir otra llamada para transportar otro bulto, que después se enteró que era el cuerpo de un agente de la PNC, pero que él ya se sentía culpable de estar ayudando por temor a los mareros y que el 19 de julio del 2017, él se presentó a la PNC para declarar lo que había sucedido una noche antes, narrando que ese día quedó detenido, pero que él ya no quería seguir ayudado a la estructura.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
