Judicial
Cómplices del asesino de Chalchuapa seguirán presos
El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana ordenó que nueve cómplices del asesino de Chalchuapa, Hugo Osorio, continúen presos mientras son procesados judicialmente por los delitos de desaparición de personas y agrupaciones ilícitas.
Al respecto, la fiscal del caso explicó que, «por haber obtenido suficientes indicios y teniendo en cuenta que los delitos son de naturaleza grave y siendo la desaparición forzada un delito complejo, múltiple y acumulativos por la cantidad de derechos de la víctima quebrantados […], la Fiscalía ha robustecido la investigación y hemos logrado la detención provisional».
De acuerdo con las investigaciones fiscales, todos los señalados tenían una organización criminal de cabecillas, ejecutores y colaboradores que cumplían funciones específicas para ocultar y
desaparecer personas, de las cuales se estima que hay 13 víctimas.
Los hechos por los cuales son procesados fueron cometidos en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, entre 2020 y 2021.
El pasado 8 de mayo, la Policía recapturó a los señalados luego de que el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Santa Ana ordenó su libertad.
Ante la decisión de ese tribunal, la Fiscalía emitió una nueva orden de arresto para todos los sospechosos por agrupaciones ilícitas. Las investigaciones han determinado que existe una vinculación con Osorio, quien el 10 de junio de 2022 fue condenado a 70 años de cárcel por el doble homicidio de una mujer y su hija, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vivienda del criminal. Este hecho permitió a las autoridades encontrar más cadáveres en la casa del asesino serial.
Más de 200 asesinatos de mujeres salvadoreñas no quedaron impunes, pues en los últimos cuatro años la Fiscalía General de la República (FGR) se encargó de demostrar la culpabilidad de 209 criminales que recibieron amplias condenas por el delito de feminicidio en sus diferentes modalidades.
Según los registros de la institución, el total de feminicidas sentenciados corresponde al período comprendido del 1° de enero de 2021 al 31 de octubre de 2024, de los cuales, 97 fueron condenados este año, 39 recibieron penas carcelarias en 2023, mientras que al cierre de 2021 y 2022 fueron 48 y 25 criminales, respectivamente, a los que se les dictaminó condena de prisión.
En octubre pasado, Carlos Alejandro Salas Pérez, sentenciado a 50 años de cárcel, por asesinar a su expareja el 21 de noviembre de 2018 en San José Guayabal, jurisdicción de Cuscatlán Norte. Por este crimen también fue sentenciado, a 40 años, Francisco Alexander Preza Alas. El día del ataque, la víctima se disponía a efectuar algunas compras para la graduación de kínder de una de sus hijas.
En septiembre, Carlos Humberto Hernández recibió una pena de 69 años por quitarle la vida a su excompañera de vida y lesionar de gravedad a tres personas más que intentaron defenderla el 30 de julio de 2016. La víctima se disponía a visitar a su madre cuando fue interceptada.
Otro condenado en este año es Peter Wachowski, a quien le impusieron 30 años de prisión, por asesinar a su expareja, la exdiputada del partido FMLN, Yanci Urbina, el 29 de mayo de 2022, en la casa de habitación de la pareja.
PROCESADOS POR FEMINICIDIO
Este año varios criminales son procesados por la Fiscalía en los tribunales correspondientes, en uno de los casos se involucra a Luis Carlos Olmedo Medrano, señalado de intentar asesinar apuñaladas a su exnovia en la Universidad de El Salvador (UES) el 30 de octubre.
En pasado 15 de noviembre, la Fiscalía presentó en el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador la investigación final que contiene todas las pruebas en contra de Edwin Mauricio Alvarado Lazo, acusado de asesinar a una niña de siete años en el reparto La Campanera, Soyapango.
REDUCCIÓN DE ASESINATOS CONTRA MUJERES
El plan de seguridad gubernamental ha permitido una reducción significativa de los feminicidios hasta en 95.13 % con relación al total registrado en 2015 cuando bajo el segundo gobierno del FMLN, un toral de 575 mujeres fueron asesinadas. Los registros oficiales de la Fiscalía indican que en 2022 hubo 53 feminicidios, mientras que para el cierre de 2023 fueron 29. Ya para este año, hasta el 31 de octubre, han ocurrido 28, es decir, apenas el 4.86 % del total reportados en 2015.
Sujetos que estafaron a más de 24 víctimas con más de $33,000 continuarán en prisión por requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR). El escrito se presentó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
Los 19 imputados continuarán en prisión mientras mientras avanza el proceso en su contra por el delito de estafa agravada, según informó la FGR.
La investigación determina que los acusados estafaron a 24 víctima a quienes les ofrecían paquetes turísticos y de salud que iban desde los $300 hasta los $4,000, sin embargo, nunca pudieron hacer uso del servicio adquirido. Se estima que se defraudó con al menos $33,000.
Los sujetos conformaban la sociedad Dreams Production S.A de C.V y, por la compra de los paquetes, ofrecían a las víctimas derechos a descuentos en hoteles, restaurantes y aseguradoras.
La sociedad fue conformada a inicios de este año de por salvadoreños, colombianos y venezolanos y continuaron operando hasta que los imputados fueron detenidos por orden de la Fiscalía el 20 de noviembre de este año.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
