Judicial
Cámara confirma libertad para Evelyn Hernández, a quien Fiscalía acusaba de asesinar a su bebé
La Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque confirmó la absolución de cargos a favor de Evelyn Hernández, a quien la Fiscalía acusaba de asesinar a su bebé. Hernández ya había sido absuelta en una ocasión, pero el ministerio público apeló y el caso fue enviado a la instancia que ahora mantiene la primera decisión.
El caso de Evelyn Hernández ha sido complejo, ya que grupos en favor del aborto lo han puesto como un ejemplo de “persecución” de las autoridades, además de que trascendió a nivel internacional.
La joven tuvo un parto extrahospitalario en abril de 2016, ella alegó que por complicaciones obstétricas su bebé nació muerto, mientras que la Fiscalía la acusó de asesinarlo. Inicialmente fue condenada a 30 años de cárcel, pero la Sala de lo Penal lo anuló.
En agosto de 2019 el Juez de Sentencia de Cojutepeque la dejó libre de cargos, pero la Fiscalía apeló esa resolución y el caso se fue a la Cámara de la Segunda Sección del Centro de esa jurisdicción.
Dicha instancia es ahora la que ha dejado libre de cargos y reiteró que “la joven no cometió ningún agravio como fue argumentado por la defensa”, según dio a conocer la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
La organización añade que la joven fue sometida a “persecución y criminalización (…) al ser sometida a un proceso judicial que no contaba con pruebas. A la joven no se le garantizaron sus derechos”, detallaron.
Incluso dijeron que su detención fue arbitraria por “contravenir las obligaciones internaciones en materia de Derechos Humanos”.
“Nos sentimos satisfechas con la decisión, al confirmar que Evelyn es inocente. Agradecemos a las personas y a todas las organizaciones e instituciones que hemos luchado por su libertad, esto confirma que la justicia es el camino para la libertad de las mujeres”, dijo una representante de la organización Apoyo a las 4 Causales.
Con esta resolución de la Cámara, la Fiscalía tiene 10 días, a partir del momento de la notificación formal y cuando vuelvan a estar vigentes los plazos procesales, para interponer el recurso.
En este caso, explicó Fespad es una casación en la que tendría que conocer la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por el momento la FGR y su titular, Raúl Melara no se han pronunciado por la absolución de cargos.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
