Judicial
Apuñala a su excompañera de vida por negarse a volver a vivir con él
En el Juzgado 4° de Paz de Santa Ana está siendo procesado Santos Salvador “F”., de 36 años, por el delito de feminicidio imperfecto en contra de una mujer que fue su compañera de vida.
La víctima interpuso la denuncia el 7 de junio de 2020.
El requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) establece que Santos Salvador F. ejercía violencia sobre su pareja y que ella llegó a naturalizar tanto la situación que no lo denunciaba.
A eso de la media noche del 17 de mayo de 2020, el sujeto le reclamó a Evelyn (nombre cambiado) debido a que sentía celos por ella; el problema creció durante todo ese día hasta que en la madrugada del siguiente, Santos Salvador enfureció y tomó a su pareja por el cuello con la intención de estrangularla.
La fuerza que ejerció el hombre hizo que la mujer perdiera el conocimiento durante unos minutos y cuando se levantó el agresor la amenazó con que no se llevara a los hijos, por lo que ella se fue de la casa sola.
El 7 de junio, Santos Salvador llegó junto con los niños a la casa donde Evelyn se estaba quedando a vivir, le pidió que los cuidara durante el día y cuando regresó en la noche le rogó para que volviera a vivir con ellos, pero ella se negó.
Ante la negativa de la víctima, Santos Salvador sacó una navaja de bolsillo, comenzaron a forcejear hasta que él la hirió en el costado derecho del tórax, en la mandíbula y en el brazo derecho.
Evelyn fue llevada al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) donde fue atendida y después interpuso, por fin, la denuncia contra el que fuera su pareja.
La Fiscalía, en conjunto con los agentes de Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (Odac), iniciaron las investigaciones que terminaron con la captura de hombre.
El ministerio público acusó a Santos Salvador de feminicidio imperfecto en contra de Evelyn en el Juzgado 4° de Paz de Santa Ana, donde el juez decidió enviar al señalado a la cárcel de manera temporal.
Durante la madrugada de, este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió orden de captura contra 50 personas pertenecientes a una red criminal dedicada al tráfico ilegal de personas. Durante los operativos también participaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), desarrollando más de 55 ordenes de allanamiento en lugares utilizados por los criminales.
Las autoridades explicaron que esta red criminal operaba de manera ilegal cobrando hasta 16 mil dólares por llevar a las víctimas hacia EE.UU. utilizando las fronteras de El Poy, Chalatenango y Metapán, Santa Ana Norte.
Los fiscales detallaron que la red de traficantes trasladaba a personas de diferentes nacionalidades, entre ellas brasileñas, ecuatorianas y turcas.
La FGR destacó entre los capturados a Roger Alfredo Flores Alvarenga, un fiscal auxiliar que colaboraba con la estructura delincuencial; David Eduardo Linares Linares, Gerardo de Jesús Consuegra Orellana, Emerson Ulises Arriaza Ortega y Daniel Reyes, todos con diferentes roles dentro de la red criminal.
Las autoridades realizaron las capturas y requisas en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, La Libertad y La Paz. Los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Judicial
FGR demanda por enriquecimiento y lavado de dinero a exsecretario técnico de la presidencia, Alexander Segovia
La Fiscalía General de la República (FGR) solicito que se procese penalmente al exsecretario técnico de la presidencia, Alexander Ernesto Segovia Cáceres, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por un monto de $3,504,235.27 dólares. En el requerimiento se solicita la instrucción formal con detención provisional para el imputado.
El exfuncionario desempeñó dicho cargo entre el 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014, durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, Alexander Segovia se favoreció de los fondos públicos provenientes de los gastos reservados de la Presidencia de la República.
El requerimiento se presentó ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
Demanda Civil
Alexander Segovia, su excónyuge y su hija, ya enfrenta un proceso civil en la Cámara Primero de lo Civil por enriquecimiento ilícito, a causa de 19 irregularidades detectadas en su incremento patrimonial de forma injustificada por un monto de $279,555.80 dólares.
En su momento, el escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ha comenzado este viernes el proceso penal en contra de Gerardo Quijada Orellana, conocido «Mr. Miyagi» y 10 miembros de su estructura delincuencial de estafadores y lavadores de dinero.
Entre los acusados hay miembros de su grupo familiar, abogados y policías quienes desde el 2008 tramaron y ejecutaron delitos señala la Fiscalía General de la República.
Además de «Mr. Miyagi», son procesados, José René Ventura Alvarado, alias «Big boy»; así como los abogados Jorge Carlos Figeac Cisneros y César Roberto Trujillo Menéndez; además de Jennifer Marcela, Jason Gerardo y Mónica Elena Quijada Suncín, quienes son hijos de Orellana y tenían la función de testaferros.
También los representantes legales, Jorge Alberto Alemán Cruz y Mirna Elena Suncín de Quijada, esposa del principal estafador, y quien también ejercía como testaferro.
Se menciona además a los colaboradores de la red, Milton Eduardo Chávez Chicas René Williams Arias Mejía, quien es ausente.
El ministerio público señala a todos de agrupaciones ilícitas y luego les acumula de forma individual, estafa agravada, amenazas con agravación especial, extorsión, violencia contra funcionario público o autoridad pública, denuncia o acusación calumniosa.
A Mirna Elena Suncín, la Fiscalía también la acusa de casos especiales de lavado de dinero y activos, a Milton Chávez Chicas y Gerardo Quijada Orellana, les acumulan tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En la solicitud de imposición de medidas presentada por la Fiscalía se menciona que Gerardo Quijada y su red utilizaron documentación falsa para engañar a sus víctimas suscribiendo contratos de arrendamientos de inmuebles en zonas de alta plusvalía donde por años han funcionado sus talleres.
El monto de lo estafado asciende a $1,330,000, en perjuicio de seis víctimas y tres sociedades que se han mostrado como ofendidas por el perjuicio patrimonial que la estructura les ha causado con su accionar.
