Judicial
Alcalde de Panchimalco y cuatro personas más seguirán su proceso judicial en libertad
El Juzgado de Paz de Panchimalco ordenó este mediodía de domingo la libertad provisional del alcalde del mismo municipio, Mario Meléndez, junto a cinco empleados más, tras permanecer preso cuatro días cuando al arrestado por la Policía tras impedir el ingreso de dos rastras que transportaban paquetes con abono a su municipio.
El edil y las cuatro personas más, entre ellas dos empleados municipales, fueron acusados este domingo en el Juzgado del referido sector por delito de hurto agravado.
Tras recobrar su libertar provisional, Meléndez brindó sus declaraciones ante los medios de comunicación y ante una buena presencia de personas que mostraron su satisfacción hacia el alcalde, dijo que su detención fue “arbitraria”.
“Vamos a pedirle a todas las instituciones que funcionen porque la detención que tuvo su servidor y otros empleados de la municipalidad fue una cuestión arbitraria, cuando llegó el ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de una vez dijo ´yo no tengo nada que dialogar con vos´ y llegó con seis hombres armados con armas largas de forma intimidatoria”, expuso el edil a la salida del juzgado.
Como parte de las medidas sustitutivas que le fueron ordenadas, mientras siga procesado, el alcalde no deberá salir del país, no podrá cambiar de dirección y deberá presentarse al juzgado a firmar.
La detención de Meléndez junto al resto de personas se dio el pasado jueves 16 de abril, al interceptaron dos rastras del MAG con paquetes de abono a la entrada de su municipio, los cuales serían entregados a simpatizantes del partido Nueva Ideas.
“Nos dimos cuenta que el desvío de Panchimalco llegaron estacionarse dos rastras con abono que venía del gobierno central, y esas rastras venían directamente para la sed del partido Nuevas Ideas. No puede ser que una ayuda del gobierno central venga para un partido político”, señaló el alcalde en día de su detención, los que posteriormente desató una serie de críticas sobre todo de su partido político, el FMLN y otros sectores de la sociedad.
Tras conocerse la libertad del alcalde y las demás personas, el presidente de la República no tarde en reaccionar ante tal decisión a través de su red social de Twitter.
«Nuestro sistema judicial, “GARANTE DE LA INSTITUCIONALIDAD”. ¿No fueron suficientes los videos donde el alcalde personalmente dirige la banda de asaltantes, que interceptan la rastra, la saquean, se llevan el abono saqueado en pick ups y luego encuentran el abono en la Alcaldía?, publicó el mandatario.
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Judicial
314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.




