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Judicial

A juicio acusado de asaltar a usuario de agencia bancaria

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El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio para Edgar Odir Ascencio Monroy., de 44 años de edad, a quien la Fiscalía acusa del delito de robo agravado en perjuicio de las víctimas con régimen de protección “Gedeón” y “Gedeón Uno”. El caso será del conocimiento del Tribunal 1º de Sentencia de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio de  2018, cuando la víctima identificada “Gedeón” llegó a un banco cerca del mercado Colón, a retirar $3,000 (dicha cuenta está a nombre de “Gedeón Uno”). Luego, se fue a otra agencia bancaria cerca de un centro comercial de Santa Ana a retirar $32 mil (cuenta que también  pertenece a “Gedeón Uno”). Todo ese dinero era para cancelar un crédito rotativo que “Gedeón Uno” tenía en un banco, ya que un analista de crédito le había aconsejado que si lo pagaban en efectivo se les reembolsaría el mismo día del pago, pero si lo hacían por cheque sería hasta tres días después.

Posterior a este retiro, “Gedeón” se fue a otro banco a retirar otros $2,000; y luego de los tres retiros se fue al banco a pagar el crédito de “Gedeón Uno”. Al llegar sacó todo el dinero frente a la cajera y otros $600 que él llevaba para completar el pago; pero la empleada del banco le dijo que no se los podía recibir porque la copia de un documento que llevaba estaba incompleta.

La víctima salió del banco y se dirigió a otra sucursal del mismo banco que  está en el centro de Santa Ana. Al salir del lugar observó que tras de él venían dos vehículos, los cuales no perdió de vista y observó que lo siguieron hasta que llegó a la Avenida Independencia Sur, entre la 9ª. y 11ª. Calle Poniente. Cuando el semáforo del lugar se puso en rojo, un sujeto se le acercó a la ventanilla y comenzó a tocarle el vidrio con un arma de fuego e intentó abrir la puerta. Luego, un segundo sujeto apareció por el lado del copiloto exigiéndole lo mismo.

 La víctima “Gedeón” intentaba avanzar, pero el tráfico se lo impidió. Por temor a que le dispararan, la víctima le quitó los seguros a las puertas y los sujetos abrieron las puertas y se abalanzaron sobre él para quitarle la cartera donde llevaba el dinero. Cuando lo lograron, salieron caminando sobre la 11ª Calle Oriente con los más de $35 mil, además de tarjetas de crédito y dos chequeras.

“Gedeón” aparcó su vehículo y en su afán por recuperar el dinero comenzó a seguir a los hampones, observando que en la intersección de la Avenida Independencia Sur y la 11ª. Calle Oriente los dos hombres se subieron a la parte de atrás de un vehículo, placas P557-357. Mientras que un ciudadano que observó todo, le proporcionó a la víctima la placa del auto del que se bajaron los delincuentes (P807-341).

Es así que en el transcurso de la investigación, el 25 de octubre del año 2018, se rastrearon las placas de los vehículos y esto los llevó a ubicar al imputado Edgar Odir, quien fue señalado por clave “Gedeón” de ser la misma persona que ingresó al banco cuando él llegó y vio cuando sacó todo el dinero a la cajera del banco y que le dio persecución.

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Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos

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La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.

La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.

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Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador

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El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.

Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.

Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.

La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.

Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.

El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.

Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.

El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.

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Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años

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Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.

Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.

Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.

El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.

Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.

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