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Gobierno y sector empresarial lanzan campaña “Sin Excusas” en contra el COVID-19 durante reapertura económica
Por medio del movimiento “Somos Uno, Somos El Salvador”, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele y el sector empresarial unen esfuerzos para lanzar una campaña de concientización denominada “Sin Excusas”.
Esta tiene la finalidad de contener la propagación del COVID-19 y salvaguardar la vida de los salvadoreños.
Con dicha campaña se busca crear conciencia en la población sobre la importancia de aplicar las medidas de bioseguridad, tomando en cuenta que ya está en marcha la reapertura económica, la cual podría incidir en un aumento de contagios.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem expresó que “hoy es un día muy importante para El Salvador. El Gobierno y el sector empresarial se une para enfrentar una de las emergencias más grandes de la historia. Solo acatando las medidas sanitarias, lograremos proteger la salud y la vida de los salvadoreños, mantener nuestra productividad y regresar al rumbo de crecimiento que veíamos a inicios de este año”.
A la presentación de la campaña también asistieron la ministra de Turismo, Morena Valdez; el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga; el viceministro de Transporte, Saúl Castelar y el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán.
Además, estuvieron representantes de más de 20 empresas, de diferentes rubros comerciales, quienes aceptaron el compromiso, junto al Gobierno, de apoyar en la iniciativa que busca frenar la transmisión del virus.
“Este esfuerzo busca sensibilizar a toda la población en general e individualmente, para lograr mantener el menor número de contagios y salvar vidas, asegurando la continuidad de la actividad económica sin interrupciones, y velar para que el sistema de salud tenga capacidad de dar respuesta a la coyuntura”, enfatizó Kattán.
Por su parte el viceministro de Salud explicó que “esta es una de las estrategias aplicadas desde el abordaje de Salud para la apertura de las actividades económicas y sociales, donde la participación ciudadana es clave para reducir el índice de contagios, propiciando entornos más seguros y saludables”.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
