Judicial
Gobierno Suizo ordena el cierre definitivo de las investigaciones contra Enrique Rais por Lavado de dinero, fraude y Corrupción de funcionarios en El Salvador
Durante más de un año la Fiscalía Federal Suiza investigaron el caso del empresario Enrique Rais en El Salvador, en donde el Fiscal General, Douglas Meléndez, ha puesto todas sus fuerzas para lograr su captura por unos delitos los cuales la Fiscalía Federal de Suiza aseguran son totalmente falsos, tal como lo dejó ver en una resolución notificada a sus abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.
Fue el pasado 8 de Noviembre de 2018 que se emitió una resolución en la cual el Gobierno Suizo informa sobre el cierre de las investigaciones penales en contra del empresario Enrique Rais por los delitos los cuales ellos aseguran fueron falsamente denunciados en El Salvador: Lavado de dinero, Fraude y Corrupción de Funcionarios en El Salvador.
Según abogados del empresario estas denuncias son las mismas que de manera ilegal fueron fabricadas y actualmente hay un proceso abierto en el Juzgado 8 de Instrucción, así mismo una doble persecución disfrazada en el juzgado 4 de paz.
El Gobierno Suizo, siendo un ejemplo a nivel mundial de democracia y respeto a las leyes de derechos humanos permitieron que Rais presentara todos los documentos de descargo, algo muy diferente a lo que ocurrió en El Salvador, en donde la Fiscalía tuvo una persecución en su contra en donde se pretendía encarcelar al empresario para que no pudiera defenderse de una manera justa.
“Ha quedado demostrado la parcialidad con la que actua el Fiscal General Douglas Melendez” comentó el empresario.
La denuncia fue presentada el 20 de Noviembre 2017 por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, al igual que como lo hicieron en El Salvador.
“Me denunciaron en Suiza apoyado ilegitimamente apoyado por el Fiscal General Douglas Meléndez, quien en un acto sin precedentes intentó influir en las autoridades suizas”
El siguiente video prueba que el propio Fiscal General Douglas Meléndez, llamó al Fiscal Suizo para intentar influir en él.
El Ministerio Público de la Confederación Suiza ordenó el cierre definitivo de la investigación.
Así mismo el empresario informó que iniciaran denuncias internacionalmente contra las autoridades que han coartado fraudulentamente su derecho de defensa.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
