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Gobierno salvadoreño no retrocederá en el combate de los grupos criminales
El Gobierno del presidente Nayib Bukele desarrolla una lucha decidida y sin marcha atrás en contra de las pandillas, que son un fenómeno social heredado de los 30 años de administraciones ejecutivas bajo las banderas de ARENA y del FMLN, y para combatirlas aplica planes y medidas constitucionales.
Como parte de esas acciones, el presidente impulsa, desde 2019, el Plan Control Territorial (PCT), que tiene siete fases, de las cuales ya han sido ejecutadas cinco. La última activada es conocida como Extracción, que consiste en ubicar y capturar a pandilleros en los territorios. Inició en Soyapango (San Salvador), donde el resultado ha sido de 500 capturas.
Además del PCT, y como muestra del no retroceso en el combate de los grupos criminales, el Ejecutivo solicitó el 26 de marzo pasado que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción. Esta medida, basada en la Constitución de 1983, fue avalada al día siguiente y está vigente desde esa fecha.
La última prórroga data de la plenaria del miércoles de esta semana, con 67 votos de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. Al igual que en las ocasiones anteriores, los diputados de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no acompañaron la aprobación porque argumentan que la medida ha sido utilizada para violar derechos humanos.
Hasta la fecha, el régimen de excepción ha permitido la captura —según la última actualización— de 60,019 pandilleros, por lo que se ha conseguido una drástica reducción de los homicidios. Solo en este mes se reportan 11 días sin asesinatos a escala nacional.
«Nuestros opositores y sus patrocinadores nacionales e internacionales intentan convencer al pueblo salvadoreño de que debemos regresar al tiempo cuando éramos literalmente el país más peligroso del mundo», señaló el presidente Bukele en Twitter, un día después de la prórroga de la medida por novena ocasión.
El sociólogo y analista Mauricio Rodríguez aplaudió las acciones de seguridad que impulsa el Gobierno salvadoreño, y no duda de que la población respalda la nueva prórroga de la medida constitucional. En septiembre pasado, la encuesta CID Gallup detalló que nueve de cada 10 ciudadanos están a favor del trabajo del presidente Bukele para garantizar la seguridad pública.
ARENA y el FMLN, que son las principales fuerzas políticas de oposición en la Asamblea, no respaldan el uso de la figura del régimen de excepción, aunque en 2016 el entonces presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, valoró utilizarla para combatir a las maras después de que 11 personas fueron asesinadas por pandilleros en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.
También durante la campaña presidencial anterior el candidato de ARENA, Norman Quijano, no descartó usar esa herramienta constitucional para enfrentar a las pandillas. Después, la Fiscalía General de la República (FGR) lo procesó porque en ese período se reunió con integrantes de maras para ofrecerles beneficios económicos y programas sociales a cambio de respaldo en los comicios de 2014.
Actualmente, Quijano es diputado del Parlamento Centroamericano, pero la Asamblea Legislativa le retiró el fuero en 2021 para que enfrente a la justicia. Fue derrotado por Sánchez Cerén, quien, según la FGR, no medió directamente con las pandillas, pero sí lo hicieron los entonces diputados efemelenistas Arístides Valencia y Benito Lara. Con el triunfo en las urnas, Valencia fue nombrado ministro de Gobernación y Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
