El Gobierno del presidente Nayib Bukele desarrolla una lucha decidida y sin marcha atrás en contra de las pandillas, que son un fenómeno social heredado de los 30 años de administraciones ejecutivas bajo las banderas de ARENA y del FMLN, y para combatirlas aplica planes y medidas constitucionales.

Como parte de esas acciones, el presidente impulsa, desde 2019, el Plan Control Territorial (PCT), que tiene siete fases, de las cuales ya han sido ejecutadas cinco. La última activada es conocida como Extracción, que consiste en ubicar y capturar a pandilleros en los territorios. Inició en Soyapango (San Salvador), donde el resultado ha sido de 500 capturas.

Además del PCT, y como muestra del no retroceso en el combate de los grupos criminales, el Ejecutivo solicitó el 26 de marzo pasado que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción. Esta medida, basada en la Constitución de 1983, fue avalada al día siguiente y está vigente desde esa fecha.

La última prórroga data de la plenaria del miércoles de esta semana, con 67 votos de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. Al igual que en las ocasiones anteriores, los diputados de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no acompañaron la aprobación porque argumentan que la medida ha sido utilizada para violar derechos humanos.

Hasta la fecha, el régimen de excepción ha permitido la captura —según la última actualización— de 60,019 pandilleros, por lo que se ha conseguido una drástica reducción de los homicidios. Solo en este mes se reportan 11 días sin asesinatos a escala nacional.

«Nuestros opositores y sus patrocinadores nacionales e internacionales intentan convencer al pueblo salvadoreño de que debemos regresar al tiempo cuando éramos literalmente el país más peligroso del mundo», señaló el presidente Bukele en Twitter, un día después de la prórroga de la medida por novena ocasión.

El sociólogo y analista Mauricio Rodríguez aplaudió las acciones de seguridad que impulsa el Gobierno salvadoreño, y no duda de que la población respalda la nueva prórroga de la medida constitucional. En septiembre pasado, la encuesta CID Gallup detalló que nueve de cada 10 ciudadanos están a favor del trabajo del presidente Bukele para garantizar la seguridad pública.

ARENA y el FMLN, que son las principales fuerzas políticas de oposición en la Asamblea, no respaldan el uso de la figura del régimen de excepción, aunque en 2016 el entonces presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, valoró utilizarla para combatir a las maras después de que 11 personas fueron asesinadas por pandilleros en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.

También durante la campaña presidencial anterior el candidato de ARENA, Norman Quijano, no descartó usar esa herramienta constitucional para enfrentar a las pandillas. Después, la Fiscalía General de la República (FGR) lo procesó porque en ese período se reunió con integrantes de maras para ofrecerles beneficios económicos y programas sociales a cambio de respaldo en los comicios de 2014.

Actualmente, Quijano es diputado del Parlamento Centroamericano, pero la Asamblea Legislativa le retiró el fuero en 2021 para que enfrente a la justicia. Fue derrotado por Sánchez Cerén, quien, según la FGR, no medió directamente con las pandillas, pero sí lo hicieron los entonces diputados efemelenistas Arístides Valencia y Benito Lara. Con el triunfo en las urnas, Valencia fue nombrado ministro de Gobernación y Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública.