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Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja articulado para solucionar casos de lotificaciones irregulares
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa esfuerzos que conllevan a proteger y garantizar seguridad jurídica a las familias que por años han luchado por tener legalizados los lugares donde habitan.
Como parte de este compromiso, se firmó el convenio denominado: “Cooperación internacional para la atención de casos colectivos de lotificaciones irregulares”, en el que participaron la ministra de Vivienda, Michelle Sol; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Jorge Camilo Trigueros; el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y la procuradora general de la República, Miriam Aldana.
“Con este trabajo iniciamos y ya hemos enviado varios casos de avisos de lotificaciones que se han aprovechado de nuestra gente, tenemos indicaciones de nuestro presidente Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento en todo el proceso […] Ya estamos trabajando en una ley permanente porque sabemos que muchos lotificadores esperaban que las leyes transitorias se vencieran para justificar y no regularizar su lotificación”, dijo la ministra de Vivienda.
El objetivo del convenio es brindar una solución a las problemáticas colectivas derivadas del incumplimiento de lotificadores, que no entregaron las escrituras de propiedad a miles de familias salvadoreñas.
“Estas instituciones que estamos acá han sensibilizado respecto a un tema que históricamente ha sido una deuda de país; para el CNR el tema de escrituración es una prioridad. El Presidente nos ha encomendado materializar y que esta deuda sea atendida por este Gobierno”, afirmó el director del CNR.
El convenio es parte de las acciones que conlleva la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual fue aprobada en junio del 2021 por la Asamblea Legislativa.
“Como FGR vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para apoyar este tipo de iniciativas y no dudaremos en utilizar las herramientas legales que nos otorga el Código Penal; la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; la Ley de Extinción de Dominio, para proceder en contra de cualquier lotificador que no haya cumplido con los requisitos legales y que se haya dedicado a engañar y estafar a los salvadoreños”, enfatizó el fiscal general.
Fortalecer el trabajo interinstitucional para dar una respuesta oportuna a los afectados, es parte de los resultados que se esperan alcanzar, para ello, se conformará una mesa de trabajo con equipos técnicos y legales, para dar seguimiento a las acciones que correspondan en defensa de los derechos de las familias e identificar posibles delitos penales.
El Gobierno del Presidente Bukele busca cubrir todas las áreas de ayuda a las familias salvadoreñas, una muestra de ello, es que en cada decisión y acción coloca en el centro, el bienestar de la población.
Principal
Mujer rescatada de crecida del río Metayate en Nueva Concepción, Chalatenango: se aferraba a árboles mientras lavaba ropa
¡DRAMÁTICO RESCATE EN CHALATENANGO! 🚨Mujer se aferra a un árbol en el río Metayate tras ser arrastrada por la corriente mientras lavaba ropa. Bomberos la rescatan de noche en zona boscosa. Se encuentra estable. 👏#Chalatenango #Rescate #BomberosSV #Cronio https://t.co/S70zKWXAHf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
