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FGR busca que diputado de ARENA y su familia devuelvan al Estado $158,759
La Fiscalía General de la Republica busca ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque que el diputado de ARENA, Alberto Romero Rodríguez, y su familia sean declarados culpables por enriquecimiento ilícito y restituyan al Estado $158,759.08.
En el proceso está implicada la esposa del parlamentario, Ana Lourdes Olmedo de Romero y su hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín.
La FGR busca recuperar a favor del Estado, un total de $158,759.08, este monto no fue justificado en sus declaraciones patrimoniales, y quedaron evidenciadas en 21 inconsistencias, que no pudieron aclarar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, la Fiscalía ha solicitado ante los tribunales que Romero Rodríguez devuelva al Estado $87,931.93; que su esposa reintegre $67,472.01 y su hija un monto de $3,305.14.
«En este proceso se le está reclamando una serie de irregularidades consistentes en depósitos en cuentas, pagos de algunas obligaciones bancarias, tarjetas de crédito y algunos créditos que no han podido ser justificados al origen de estos fondos por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia», dijo uno de los fiscales del caso.
El diputado Romero Rodríguez enfrenta la demanda civil en su calidad de diputado propietario por el departamento de Cuscatlán, bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA). El período cuestionado es del 1 de mayo del año 2009 al 30 de abril del año 2015.
La investigación fiscal ha fortalecido con abundante prueba de cargo para demostrar los hechos de corrupción.
Un joven de 23 años sobrevivió la noche del lunes a una descarga eléctrica mientras una fuerte tormenta afectaba la zona occidental del país.
El hecho ocurrió cuando la víctima realizaba labores de limpieza en su vivienda ubicada en la lotificación Los Amates, cantón Santa Emilia, en Sonsonate Centro.
El joven fue identificado con el apellido López. Tras el incidente, fue auxiliado por socorristas que acudieron al lugar para brindarle atención médica.
Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención especializada.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró a tempranas horas de este martes sobre la avenida Federal de Alemania y calle Los Naranjos, en el tramo que conecta el redondel La Isla con la 5 de Noviembre, en San Salvador.
En el percance se vieron involucrados un autobús de la ruta 38-C y una camioneta. Como resultado del impacto, una persona resultó lesionada y se reportaron daños materiales.
Al lugar acudieron elementos de rescate, quienes brindaron atención a la víctima y posteriormente la trasladaron a un hospital.
El accidente generó complicaciones en la circulación vehicular de la zona, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Viceministerio de Transporte (VMT) para agilizar el paso y coordinar el tránsito.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
