Nacionales
FGR busca que diputado de ARENA y su familia devuelvan al Estado $158,759
La Fiscalía General de la Republica busca ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque que el diputado de ARENA, Alberto Romero Rodríguez, y su familia sean declarados culpables por enriquecimiento ilícito y restituyan al Estado $158,759.08.
En el proceso está implicada la esposa del parlamentario, Ana Lourdes Olmedo de Romero y su hija Lourdes Gabriela Romero de Marroquín.
La FGR busca recuperar a favor del Estado, un total de $158,759.08, este monto no fue justificado en sus declaraciones patrimoniales, y quedaron evidenciadas en 21 inconsistencias, que no pudieron aclarar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, la Fiscalía ha solicitado ante los tribunales que Romero Rodríguez devuelva al Estado $87,931.93; que su esposa reintegre $67,472.01 y su hija un monto de $3,305.14.
«En este proceso se le está reclamando una serie de irregularidades consistentes en depósitos en cuentas, pagos de algunas obligaciones bancarias, tarjetas de crédito y algunos créditos que no han podido ser justificados al origen de estos fondos por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia», dijo uno de los fiscales del caso.
El diputado Romero Rodríguez enfrenta la demanda civil en su calidad de diputado propietario por el departamento de Cuscatlán, bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA). El período cuestionado es del 1 de mayo del año 2009 al 30 de abril del año 2015.
La investigación fiscal ha fortalecido con abundante prueba de cargo para demostrar los hechos de corrupción.
La Dirección de Albergues, en coordinación con la organización Médicos del Mundo, entregó insumos de primera necesidad en la Casa de Retiros Padre Antonio Conte, ubicada en el barrio El Calvario, distrito de Alegría, Usulután Norte.
La entrega tiene como objetivo fortalecer la atención y el cuidado de las personas albergadas, como parte de las acciones preventivas ante la alerta por lluvias.
Además, con el apoyo del Ministerio de Salud y el Instituto Crecer Juntos, se brinda atención médica y acompañamiento psicosocial para garantizar un servicio integral a las familias.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de El Salvador de proteger y garantizar el bienestar de la población ante emergencias climáticas.
Un autobús de la ruta 216 estuvo a punto de caer a un barranco en la zona del desvío El Conejo, en Juayúa, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con reportes preliminares, la rápida reacción del conductor evitó una tragedia mayor, al lograr maniobrar la unidad y evitar que se precipitara al vacío.
Equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para asistir a los pasajeros y asegurar el área. Algunos de los ocupantes sufrieron crisis nerviosas y golpes leves.
Las autoridades informaron que en las próximas horas se brindará un reporte oficial sobre el incidente.
Economia
Defensoría del Consumidor refuerza vigilancia y buenas prácticas comerciales en El Salvador
La Defensoría del Consumidor (DC) continúa fortaleciendo su labor de supervisión y promoción de buenas prácticas comerciales en todo el país. Según Ricardo Salazar, presidente de la institución, cerca de 700 establecimientos a nivel nacional aplican al menos uno de los tres programas de cumplimiento diseñados para proteger los derechos de los consumidores.
Uno de los programas más destacados es “Aquí se respeta el derecho de los consumidores”, que busca prevenir prácticas como la venta de productos vencidos, la publicidad engañosa y la falta de información en promociones y ofertas. Además, fomenta que los precios sean claramente visibles para los clientes, conforme a la normativa vigente.
Otro grupo de empresas participa en el programa del sello de garantías de plataformas electrónicas, que certifica que los comercios en línea cumplen con estándares de transparencia, seguridad y atención al cliente, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales.
En lo que va del año, la Defensoría ha ejecutado más de 3,000 procedimientos de inspección en todo el territorio nacional, detectando que entre un 25 % y un 30 % de los hallazgos corresponden a prácticas abusivas, detalló Salazar.
El funcionario destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el presidente Nayib Bukele desde 2019 para garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales en condiciones justas. Además, resaltó los avances normativos logrados bajo la actual administración, con cinco de las seis reformas a la Ley de Protección al Consumidor ya aprobadas.
Con estas medidas, la Defensoría del Consumidor refuerza su compromiso de proteger los derechos de la población y promover una cultura empresarial basada en la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la normativa que asegura un mercado más justo y equilibrado.
