Nacionales
Ernesto Castro cuestiona solicitud para desaforar y llevar a antejuicio a Mauricio Arriaza Chicas
La Fiscalía General de la República (FGR), presentó, ante la Asamblea Legislativa, una petición de antejuicio y desafuero contra el viceministro de Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
Según la Fiscalía, el viceministro Arriaza Chicas habría incurrido en incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Púbica, razón por la cual la FGR presentó la solicitud para que el pleno de la Asamblea de paso al procedimiento para desaforar y crear y a comisión de antejuicio en contra de Arriaza.
El conflicto con el viceministro y director policial Arriaza se generó luego que no procediera a ejecutar una solicitud hecha por la Asamblea para que llevara por apremio a algunos miembros del gabinete. Arriaza señaló que esas peticiones eran inconstitucionales, por lo que no procedió con su cumplimiento.
Ante esto, el Presidente de la República, Nayib Bukele, calificó esta acción de la Fiscalía como un intento por desmantelar el Plan Control Territorial, calificando de ilegal la petición que la Asamblea hizo al director policial de llevar por apremio a varios miembros del gabinete ante una de las comisiones especiales conformadas por el Legislativo.
Por su parte, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, expuso: “Ahora quieren desaforar a uno de los funcionarios que han contribuido a tener absolutamente contralada la delincuencia. Ahora quieren atacar uno de los principales logros de esta gestión”
“Son tan sinvergüenzas que les molesta que se luche por la vida de la población. Este sistema se está revolviendo porque no quiere cambiar. Le urge atacar, con toda su podredumbre, al pueblo salvadoreño, antes de que 2021 llegue para transformar definitivamente la política”, agregó.
Anteriormente, diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habían expresado su voluntad para apoyar la iniciativa de desafuero contra Arriaza Chicas.
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
