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Ernesto Castro cuestiona solicitud para desaforar y llevar a antejuicio a Mauricio Arriaza Chicas
La Fiscalía General de la República (FGR), presentó, ante la Asamblea Legislativa, una petición de antejuicio y desafuero contra el viceministro de Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
Según la Fiscalía, el viceministro Arriaza Chicas habría incurrido en incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Púbica, razón por la cual la FGR presentó la solicitud para que el pleno de la Asamblea de paso al procedimiento para desaforar y crear y a comisión de antejuicio en contra de Arriaza.
El conflicto con el viceministro y director policial Arriaza se generó luego que no procediera a ejecutar una solicitud hecha por la Asamblea para que llevara por apremio a algunos miembros del gabinete. Arriaza señaló que esas peticiones eran inconstitucionales, por lo que no procedió con su cumplimiento.
Ante esto, el Presidente de la República, Nayib Bukele, calificó esta acción de la Fiscalía como un intento por desmantelar el Plan Control Territorial, calificando de ilegal la petición que la Asamblea hizo al director policial de llevar por apremio a varios miembros del gabinete ante una de las comisiones especiales conformadas por el Legislativo.
Por su parte, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, expuso: “Ahora quieren desaforar a uno de los funcionarios que han contribuido a tener absolutamente contralada la delincuencia. Ahora quieren atacar uno de los principales logros de esta gestión”
“Son tan sinvergüenzas que les molesta que se luche por la vida de la población. Este sistema se está revolviendo porque no quiere cambiar. Le urge atacar, con toda su podredumbre, al pueblo salvadoreño, antes de que 2021 llegue para transformar definitivamente la política”, agregó.
Anteriormente, diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habían expresado su voluntad para apoyar la iniciativa de desafuero contra Arriaza Chicas.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
El Instituto Diplomático Doctor José Gustavo Guerrero (IDG) de la Cancillería de la República estableció dos acuerdos que abrirán las puertas a la colaboración y el trabajo conjunto entre este centro y dos casas de estudio de Paraguay.
Precisamente, con la Universidad Americana del Paraguay se firmó un acuerdo para impulsar iniciativas de beneficio recíprocos para la comunidad académica de ambas instituciones.
Este centro de enseñanza superior está enfocado en el desarrollo de las artes, las letras, las ciencias tecnológicas, la investigación científica y la capacitación integral del ser humano.
Sumado a esto, el IDG suscribió un memorándum de entendimiento con la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, un instrumento que dará un nuevo impulso que robustece sus capacidades y contribuye a la formación continua y profesionalización del talento humano de ambas cancillerías.
«Vemos oportunidad para el intercambio de publicaciones, programas de estudio de postgrados, intercambios de docentes y estudiantiles, pasantías laborales y prácticas profesionales, realización de cursos, congresos, seminarios o simposios, proyectos de investigación, para reforzar capacidades y conocimientos, entre otros, que serán de mutuo beneficio para ambas instituciones», señaló la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.
