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Ernesto Castro cuestiona solicitud para desaforar y llevar a antejuicio a Mauricio Arriaza Chicas
La Fiscalía General de la República (FGR), presentó, ante la Asamblea Legislativa, una petición de antejuicio y desafuero contra el viceministro de Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
Según la Fiscalía, el viceministro Arriaza Chicas habría incurrido en incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Púbica, razón por la cual la FGR presentó la solicitud para que el pleno de la Asamblea de paso al procedimiento para desaforar y crear y a comisión de antejuicio en contra de Arriaza.
El conflicto con el viceministro y director policial Arriaza se generó luego que no procediera a ejecutar una solicitud hecha por la Asamblea para que llevara por apremio a algunos miembros del gabinete. Arriaza señaló que esas peticiones eran inconstitucionales, por lo que no procedió con su cumplimiento.
Ante esto, el Presidente de la República, Nayib Bukele, calificó esta acción de la Fiscalía como un intento por desmantelar el Plan Control Territorial, calificando de ilegal la petición que la Asamblea hizo al director policial de llevar por apremio a varios miembros del gabinete ante una de las comisiones especiales conformadas por el Legislativo.
Por su parte, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, expuso: “Ahora quieren desaforar a uno de los funcionarios que han contribuido a tener absolutamente contralada la delincuencia. Ahora quieren atacar uno de los principales logros de esta gestión”
“Son tan sinvergüenzas que les molesta que se luche por la vida de la población. Este sistema se está revolviendo porque no quiere cambiar. Le urge atacar, con toda su podredumbre, al pueblo salvadoreño, antes de que 2021 llegue para transformar definitivamente la política”, agregó.
Anteriormente, diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habían expresado su voluntad para apoyar la iniciativa de desafuero contra Arriaza Chicas.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
