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En impunidad, exjefe de UIF de la FGR, Jorge Cortez, quien buscó proteger a ARENA tras confesión del expresidente Antonio Saca
La reciente condena del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, por parte de la Cámara Primero de lo Civil, que les ordenó restituir al Estado $3,892,698.71 y $589,608.82, respectivamente, trajo a la palestra judicial las presuntas ilegalidades cometidas por el exjefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez, quien según se denunció, cuando el expresidente Saca realizaba una confesión (en 2018) donde confesaba que el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) era parte de los receptores del dinero desfalcado al país, decidió interrumpir sin éxito la declaración del exmandatario para evitar que el juez conociera más detalles de esa distribución.
CONFESIÓN DEL EXPRESIDENTE SACA.
Una fuente judicial, que solicitó reserva de su nombre por temor a represalias, señaló que sobre Jorge Cortez existen denuncias en el ministerio público, sin que hasta el momento se haya iniciado un proceso judicial.
Según se conoció, Cortez formó parte de un equipo de fiscales de confianza del exfiscal general Douglas Meléndez, que armaban casos con testigos y pruebas falsas para presentarlos en los tribunales, con la finalidad de no perder los procesos judiciales.
Varios empleados de la fiscalía, entre agentes fiscales y empleados administrativos denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fueron víctimas de acosos y amenazas por parte de Jorge Cortez y otro grupo de fiscales bajo el mando de Douglas Meléndez, para convertirse en testigos criteriados en un intentento de sostener en los juzgados el caso conocido como “Corruptela”; sin embargo, los trabajadores se negaron a mentir en los tribunales y realizaron la denuncia.
Hasta la fecha, los empleados que fueron coaccionados para dar falso testimonio para incriminar a otras personas, siguen esperando una acusación formal por parte del ministerio público. Por otra parte, la denuncia que los afectados interpusieron en la misma entidad no ha sido procesada por parte la actual administración, bajo el mando de Raúl Melara.
La denuncia señala que durante la confesión del expresidente Elías Antonio Saca, en agosto de 2018, Jorge Cortez trató de desviar la atención del juzgador durante la declaración de exmandatario, quien explicaba la forma que ideó para sacar dinero del Estado y entregarlo a sociedad, incluido al partido ARENA, y otras formas operativizar el mecanismo usado para entregar fondos. Pese a ser el responsable de defender los intereses del país, Cortez trató de evitar que el expresidente siguiera acusando al partido tricolor.
“Él buscó proteger a miembros y al mismo partido ARENA tratando de opacar la confesión del expresidente Saca, pero el juez en su momento tomó la decisión de terminar de escuchar al imputado», destaca la denuncia.
En el Juzgado Cuarto de Instrucción el expresidente Saca expuso que: “posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheque a favor del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por la cantidad de $400 mil, así como también fueron abonados a cuentas y cobrados en efectivo, por cantidades que no recuerdo, pero que fueron por varios millones de dólares”, mencionó Saca, quien además narró la creación de una unidad para el manejo de fondos públicos que recaía en la figura de Elmer Charlaix, situación que no agradó al fiscal Cortez, quien interrumpió la confesión.
“Señoría lo que está declarando el señor Elías Antonio Saca González de ninguna manera eso constituye una confesión de carácter judicial, si va a seguir en esa línea la representación fiscal es de la idea de que desistamos ya de este acto con respecto a la institución porque lo que está haciendo él es una justificación, de un uso que, de acuerdo a la tesis de acusación ha sido ilegal. Esa no fue la confesión que había preparado la representación fiscal en su origen, para bien de jueces…”, espetó Cortez. Por su parte el juzgador reprendió al fiscal por la abrupta interrupción y ordenó a Saca seguir con su declaración.
Tras conocerse las acusaciones en contra del exjefe de la UIF, Jorge Cortez, en la Sala de lo Penal (Casación), la denuncia expone que en la actualidad este está tramitando un asilo en Canadá, donde estaría recibiendo la colaboración de los empresarios de ese país, que actualmente son prófugos, Matteo Pascual y Franco Pacetti y quienes figuran como principales acusadores en un proceso mercantil, que el fiscal Douglas Meléndez trató de llevar, sin éxito, a los tribunales como crimen organizado.
El Viceministerio de Transporte (VMT) publicó un mensaje en sus redes sociales informando que emitió una multa de $150 para el diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, por viajar inadecuadamente en la parte de atrás de un picop. La institución adjuntó una imagen de la esquela impuesta.
La sanción ocurre luego de que el diputado subiera un video a sus redes sociales en el que se le ve sentado en los laterales de la cama de un picop que va a alta velocidad; junto a las imágenes colocó el texto: “Saliendo de plenaria y rumbo a Tonacatepeque”.
La publicación del funcionario se volvió viral en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales señalaron que el diputado estaba incumpliendo una norma de seguridad.
Tras las réplicas negativas, Mulato eliminó el video de sus redes. Una hora después de la publicación del VMT el diputado publicó en su página de X una foto de la multa pagada, con el texto:
“Nadie está por encima de la ley. No estoy exento a ello. Cometí una infracción de tránsito, asumo mi responsabilidad y pido disculpas. No volverá a pasar. Para que exista orden, debemos cumplir la ley” (sic), excribió.
El reglamento de tránsito establece que las personas pueden viajar en la parte trasera de un picop de uso familiar, siempre y cuando lo hagan sentados en la parte inferior, no en los laterales.
Además, la cantidad de personas trasladadas no debe sobrepasar la capacidad de carga del vehículo, tanto en dimensiones como en peso.
El incumplimiento de estas normas puede conllevar multas de entre $100 a $150. Y en los casos en los que se arriesgue la vida de personas, incluso puede implicar una sanción penal por el delito de conducción peligrosa.
El VMT no indicó si la multa solo se impuso a Mulato o también a la persona que conducía el vehículo.
La Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) anunció nuevos cursos gratuitos enfocados en tecnología y ciberseguridad, dirigidos a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos en herramientas digitales e inteligencia artificial.
La institución informó que desde ayer está disponible el curso «Protección de las Implementaciones de Inteligencia Artificial con Model Armor», mientras que desde el próximo 26 de mayo estará habilitado el curso «Google Threat Intelligence».
Las capacitaciones son desarrolladas en alianza con Google Cloud y buscan acercar a más personas a temas relacionados con seguridad tecnológica, inteligencia artificial y protección en entornos digitales.
De acuerdo con la ESIT, los cursos se impartirán bajo modalidad virtual y asincrónica, permitiendo que los participantes organicen su tiempo de estudio y accedan a las clases desde cualquier lugar con conexión a internet. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente a través del sitio oficial de la institución.
Además de los nuevos programas, durante mayo también continúan disponibles los cursos «Estrategias para la gestión de riesgos de seguridad en la nube» e «Identificación de amenazas y riesgos de seguridad en la nube».
La construcción de la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango avanza en su fase final con las 13 estructuras destinadas al tratamiento de agua y apoyo operativo completamente terminadas, informó ayer la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) durante una visita de inspección junto a representantes de la República Popular China.
Las autoridades detallaron que el proyecto ya supera el 90 % de avance y que actualmente los trabajos se concentran en el equipamiento electromecánico, instalaciones eléctricas y pruebas técnicas previas a su funcionamiento.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que el proyecto ha entrado en la etapa decisiva, enfocada en garantizar el correcto funcionamiento de cada componente de la planta.
«En el avance de la obra en general, porque algunos edificios aún los están pintando y todo, estamos arriba del 90 %», afirmó Arévalo.
La planta contará con infraestructura especializada para el tratamiento y distribución de agua potable hacia distintos sectores de San Salvador Este y municipios aledaños.
De acuerdo con la institución, las pruebas incluirán la revisión de sistemas eléctricos, equipos electromecánicos, bombas, motores, calidad del agua y funcionamiento de las líneas de conducción.
Las autoridades estiman que estas pruebas comenzarán entre finales de julio y principios de agosto, conforme concluyan las obras pendientes y la instalación total de equipos.
Además, la ANDA confirmó que los ocho pozos subterráneos que abastecerán la planta ya fueron perforados y que actualmente continúan los trabajos de equipamiento hidráulico y conexión eléctrica externa.
El embajador chino en El Salvador, Zhang Yanhui, destacó que el proyecto representa un símbolo de cooperación entre ambos países y aseguró que la obra se ejecuta bajo estrictos estándares técnicos y de calidad.
La nueva planta beneficiará a más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, fortaleciendo el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona oriental del Área Metropolitana de San Salvador.
