Nacionales
En impunidad, exjefe de UIF de la FGR, Jorge Cortez, quien buscó proteger a ARENA tras confesión del expresidente Antonio Saca
La reciente condena del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, por parte de la Cámara Primero de lo Civil, que les ordenó restituir al Estado $3,892,698.71 y $589,608.82, respectivamente, trajo a la palestra judicial las presuntas ilegalidades cometidas por el exjefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez, quien según se denunció, cuando el expresidente Saca realizaba una confesión (en 2018) donde confesaba que el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) era parte de los receptores del dinero desfalcado al país, decidió interrumpir sin éxito la declaración del exmandatario para evitar que el juez conociera más detalles de esa distribución.
CONFESIÓN DEL EXPRESIDENTE SACA.
Una fuente judicial, que solicitó reserva de su nombre por temor a represalias, señaló que sobre Jorge Cortez existen denuncias en el ministerio público, sin que hasta el momento se haya iniciado un proceso judicial.
Según se conoció, Cortez formó parte de un equipo de fiscales de confianza del exfiscal general Douglas Meléndez, que armaban casos con testigos y pruebas falsas para presentarlos en los tribunales, con la finalidad de no perder los procesos judiciales.
Varios empleados de la fiscalía, entre agentes fiscales y empleados administrativos denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fueron víctimas de acosos y amenazas por parte de Jorge Cortez y otro grupo de fiscales bajo el mando de Douglas Meléndez, para convertirse en testigos criteriados en un intentento de sostener en los juzgados el caso conocido como “Corruptela”; sin embargo, los trabajadores se negaron a mentir en los tribunales y realizaron la denuncia.
Hasta la fecha, los empleados que fueron coaccionados para dar falso testimonio para incriminar a otras personas, siguen esperando una acusación formal por parte del ministerio público. Por otra parte, la denuncia que los afectados interpusieron en la misma entidad no ha sido procesada por parte la actual administración, bajo el mando de Raúl Melara.
La denuncia señala que durante la confesión del expresidente Elías Antonio Saca, en agosto de 2018, Jorge Cortez trató de desviar la atención del juzgador durante la declaración de exmandatario, quien explicaba la forma que ideó para sacar dinero del Estado y entregarlo a sociedad, incluido al partido ARENA, y otras formas operativizar el mecanismo usado para entregar fondos. Pese a ser el responsable de defender los intereses del país, Cortez trató de evitar que el expresidente siguiera acusando al partido tricolor.
“Él buscó proteger a miembros y al mismo partido ARENA tratando de opacar la confesión del expresidente Saca, pero el juez en su momento tomó la decisión de terminar de escuchar al imputado», destaca la denuncia.
En el Juzgado Cuarto de Instrucción el expresidente Saca expuso que: “posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheque a favor del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por la cantidad de $400 mil, así como también fueron abonados a cuentas y cobrados en efectivo, por cantidades que no recuerdo, pero que fueron por varios millones de dólares”, mencionó Saca, quien además narró la creación de una unidad para el manejo de fondos públicos que recaía en la figura de Elmer Charlaix, situación que no agradó al fiscal Cortez, quien interrumpió la confesión.
“Señoría lo que está declarando el señor Elías Antonio Saca González de ninguna manera eso constituye una confesión de carácter judicial, si va a seguir en esa línea la representación fiscal es de la idea de que desistamos ya de este acto con respecto a la institución porque lo que está haciendo él es una justificación, de un uso que, de acuerdo a la tesis de acusación ha sido ilegal. Esa no fue la confesión que había preparado la representación fiscal en su origen, para bien de jueces…”, espetó Cortez. Por su parte el juzgador reprendió al fiscal por la abrupta interrupción y ordenó a Saca seguir con su declaración.
Tras conocerse las acusaciones en contra del exjefe de la UIF, Jorge Cortez, en la Sala de lo Penal (Casación), la denuncia expone que en la actualidad este está tramitando un asilo en Canadá, donde estaría recibiendo la colaboración de los empresarios de ese país, que actualmente son prófugos, Matteo Pascual y Franco Pacetti y quienes figuran como principales acusadores en un proceso mercantil, que el fiscal Douglas Meléndez trató de llevar, sin éxito, a los tribunales como crimen organizado.
Nacionales
Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
Nacionales
Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.
Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.
Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.
De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.
De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.
La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.
El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.
