Nacionales
En 184 municipios salvadoreños no hubo homicidios en 2022
Los planes de seguridad ciudadana implementados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, así como la guerra contra las pandillas que dio paso al régimen de excepción permitieron que durante el 2022 no se hayan registrado homicidios en 184 municipios del país, esto equivale a un 70 % del territorio salvadoreño.
Estos datos fueron proporcionados, la noche del miércoles, por funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Ampliado durante la exposición de los resultados del año que recién terminó. Estrategias como la puesta en marcha del régimen de excepción y la Fase 5 del Plan Control Territorial facilitó a las fuerzas del orden ir tras los pandilleros y sus principales cabecillas, así como colaboradores.
Los registros policiales detallan que a partir de la puesta en marcha del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, la operatividad policial y militar para arrestar a los criminales generó que 70 municipios más se sumaran a los ya existentes -hasta antes del régimen- que tenían registros de cero asesinatos.
Hasta antes de implementar esta medida el total de municipios en los que no habían ocurrido muertes violentas eran 114, lo que representaba un 44 % del territorio. Después de marzo se sumaron 70 más con los que al cierre del año pasado totalizaron 184, siendo la mayoría de los municipios, del norte de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.
Las cifras oficiales indican también que durante el 2022 hubo 495 homicidios, de los cuales 323 fueron reportados antes del régimen, esto equivale un 65 % del total. El 35 % restante, es decir, 172 asesinatos sucedieron cuando ya estaba en marcha el régimen de excepción.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, externó sus valoraciones respecto al comportamiento en la reducción de la violencia homicida gracias a la visión de trabajo del presidente Nayib Bukele y la negativa de los gobernantes anteriores para enfrentar a las pandillas y permitir que se armaran y organizaran.
«Con estas cifras el presidente [Bukele] proclamó que habíamos recuperado el control sobre el territorio salvadoreño que los gobiernos anteriores le entregaron a estos grupos terroristas», afirmó Villatoro.
El funcionario explicó que «nuestros análisis a más de 20 años de este fenómeno confirman cómo el detonante de la tregua del expresidente Mauricio Funes [primer gobierno del FMLN] en el 2013 con el apoyo de esos organismos internacionales que hoy están velando por los derechos humanos de los criminales».
A su consideración del ministro Villatoro, que el gobierno del prófugo de Funes le haya tendido la mano a los mareros generó un crecimiento exponencial no solo en cantidad de miembros de pandillas, sino en la cantidad de estructuras terroristas [denominadas clicas, canchas, programas] que se tomaron las colonias y comunidades del país.
El ministro afirmó que si bien en diciembre de 2022 hubo 14 asesinatos, aclaró que en más del 50 % de los casos nada tenían que ver con el accionar de las pandillas, pues los resultados de las investigaciones determinaron que estuvieron relacionados con casos de ingesta de alcohol e intolerancia.
Villatoro afirmó que estos resultados positivos marcan la ruta a seguir para combatir la criminalidad, tal como sucedió con la captura de miles de pandilleros y las reformas a la normativa jurídica para garantizar que no salgan de la cárcel durante el régimen de excepción.
«Los números están reflejando que teníamos razón al implementarlo, en sacar de las calles a estos terroristas y que tenemos razón en todas las reformas hechas en la infraestructura judicial penal para que el Estado no vuelva hacer el monigote de estos grupos terroristas», advirtió el funcionario.
El titular de Seguridad también destacó que en este esfuerzo por generar condiciones de seguridad y tranquilidad de la población salvadoreña ha sido clave la operatividad policial y militar en todo el territorio.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
