El sector construcción ha emergido como uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico en El Salvador, impulsado por la estrategia de seguridad jurídica y social implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde 2019.

De acuerdo con datos oficiales, durante administraciones anteriores el sector mostró una desaceleración en sus indicadores. No obstante, con la llegada de la actual gestión, se evidenció un repunte que solo se vio interrumpido brevemente por los efectos de la pandemia. Desde 2021, la industria ha retomado un crecimiento sostenido, alcanzando un alza del 11 % en 2024.

El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, explicó que uno de los principales factores del dinamismo actual ha sido el aumento de la inversión pública. En 2024, esta representó el 65 % del total, equivalente a aproximadamente $1,550 millones. En contraste, antes de 2019, la inversión en el rubro rondaba los $1,300 millones, dividida equitativamente entre el sector público y privado.

Para 2025, Casalco estima que la inversión combinada podría alcanzar los $2,600 millones, con un crecimiento proyectado entre el 8.5 % y el 10 %, dependiendo del avance de nuevos proyectos. Velásquez anticipa que el próximo año será aún más favorable, gracias al respaldo institucional de entidades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss).

En los últimos seis años, el sector ha registrado un incremento superior a los $1,000 millones en inversión. Este crecimiento ha fortalecido a la industria nacional y ha facilitado el ingreso de actores internacionales al mercado local.

El Banco Central de Reserva (BCR) estima que la construcción y las actividades inmobiliarias representan un 12.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), con el sector habitacional contribuyendo con el 8.78 %. Asimismo, se reportan más de 160,000 empleos generados directa e indirectamente, con una participación femenina en ascenso del 8 %.

“El crecimiento que hemos experimentado desde 2019 responde a varios factores, entre ellos la mejora en seguridad, el auge del turismo y el retorno de compatriotas interesados en invertir en el país”, concluyó Velásquez.

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades salvadoreñas han llegado a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre la primera revisión del programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF). Este acuerdo, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, permitiría a El Salvador acceder a un desembolso de aproximadamente 120 millones de dólares (equivalente a 86,16 millones de derechos especiales de giro, DEG).

Según el comunicado emitido el 27 de mayo de 2025, el desempeño del programa ha sido sólido. Los principales objetivos fiscales y de reservas se cumplieron con márgenes, y continúa habiendo un progreso sustancial en la ambiciosa agenda de reformas en las áreas de gobernanza, transparencia y resiliencia financiera.

El FMI destacó que la economía salvadoreña continúa expandiéndose, impulsada por una mayor confianza y un flujo de remesas aún sólido. Las políticas prudentes y los términos de intercambio más favorables han facilitado una reducción de la inflación y del déficit en cuenta corriente.

Entre las medidas clave acordadas se incluyen la continuación de la consolidación fiscal mediante ajustes en la masa salarial y contención de gastos corrientes, así como el desarrollo de planes para reformar el servicio civil y los sistemas de pensiones. Estas acciones estarán respaldadas por la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuya promulgación está prevista próximamente.

Además, se acordó fortalecer los colchones de liquidez externos mediante la acumulación de depósitos del gobierno en el Banco Central, con el apoyo del financiamiento de las instituciones financieras internacionales y la disciplina fiscal. También se incrementarán los requerimientos de liquidez bancaria y se fortalecerá la supervisión bancaria, incluyendo la de las cooperativas.

Este acuerdo refleja el compromiso continuo de El Salvador con la implementación de políticas económicas sólidas y reformas estructurales destinadas a promover un crecimiento económico sostenible y fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.