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Dirección de Albergues recibe donativo de 500 colchonetas de ACNUR
Este jueves 25 de mayo, la Dirección de Albergues recibió un donativo de colchonetas para la temporada de lluvias por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados en El Salvador (ACNUR), mediante el apoyo de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO).
Este donativo de 500 colchonetas, recibido por la Dirección de Albergues, permitirá que las familias salvadoreñas resguardadas durante la temporada de lluvias cuenten con bienestar durante la temporada de lluvias en El Salvador.
Por su parte, la directora general de la agencia ESCO, Karla de Palma, explicó que: «el Gobierno de El Salvador, siempre de manera preventiva, busca tener todas las condiciones para atender a la población salvadoreña».
El director de Albergues, Josué García, agradeció el donativo que permitirá a la entidad proveer de insumos necesarios a las familias salvadoreñas que son resguardadas de zonas de riesgo por precipitaciones.
«En nombre del Gobierno del presidente Nayib Bukele, y de nuestro ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, quiero externar un agradecimiento a ACNUR, y a la Agencia Esco por este importante donativo (…) Estamos preparándonos para que cuando una emergencia sea suscitada podamos estar listos, para poder responder con lo que sea necesario», agradeció el director de Albergues, Josué García.
El funcionario destacó que la institución cuenta con 95 albergues preequipados en donde serán distribuidas las 500 colchonetas donadas por ACNUR. Mediante la ejecución del Plan Invierno 2023 se proyecta llegar a 150 albergues a escala nacional.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
