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Controles vehiculares bajan un 15 % la muerte de motociclistas este año en El Salvador
Los controles vehiculares instalados a escala nacional para regular la velocidad vehicular y garantizar la seguridad vial de todos los conductores han permitido la disminución de accidentes en las diferentes carreteras del país, informó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera.
Según las estadísticas de la cartera de Estado, entre el 1.º de enero y el 25 de diciembre se registra un 15 % menos de fallecidos por accidentes en motocicletas, es decir, una baja de 75 personas en comparación con el mismo período de 2021. Además, registran 26 accidentes menos en motocicletas.
Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reporta una disminución de 7 % en los accidentes viales con respecto a 2021, totalizando así 1,286 accidentes viales menos, alrededor de 74 lesionados menos que el año pasado y una baja de nueves fallecidos en esos siniestros.
También Rodríguez Herrera indicó que en lo que va del año se registran 511 accidentes por conductores temerarios. Solo el pasado 25 de diciembre detuvieron a 17, cinco más que el año pasado; el 24 de diciembre registraron a cinco conductores temerarios, mientras que el 23 fueron 10 y el 22 detuvieron a tres.
«Hemos trabajado en controles antidopaje. Se han desplegado alrededor de 100 a escala nacional para identificar a los conductores que están llegando a los destinos turísticos bajo el efecto del alcohol. Más allá de estar colocando infracciones de tránsito, lo que queremos hacer es cuidar a la población salvadoreña», explicó.
Agregó que se han redoblado esfuerzos y todas las medidas de seguridad vial; por ende, se desplazaron a más gestores de tránsito y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), principalmente en las carreteras que conducen a los destinos turísticos más visitados.
Por otra parte, Rodríguez Herrera informó que no solo se trabaja para reducir la accidentalidad vial en el país, sino que también brindan un servicio de asistencia vial que es gratuito.
Solo con ese servicio, la institución ha asistido a más de 1,054 conductores a escala nacional. Desde el 1.º hasta el 25 de diciembre se han brindado 1,054 servicios de asistencia vial en todo el país, en los que el 79 % fue en la zona central y paracentral; el 14 %, en el occidente, y el 7 %, en la zona oriental.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
