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Cerca de 236 infracciones de tránsito han sido aplicadas por sobrepasar la cantidad de pasajeros
Desde tempranas horas de este 12 de octubre, alrededor de 100 puntos de control vehicular han sido instalados en diferentes zonas de El Salvador de manera simultánea para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad en el transporte público.
Las inspecciones llevan realizándose durante 10 días, bajo un trabajo coordinado por las autoridades el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Viceministerio de Transporte; y desde entonces, cerca de 236 infracciones han sido aplicadas a los conductores, especialmente por sobrepasar la cantidad de pasajeros dentro de las unidades.
«La ley permite hasta un 15% de personas paradas, respecto a la capacidad que tiene una unidad de transporte. Muchos han excedido la cantidad y por eso hemos colocado infracciones», explicó el ministro del MOP, Romeo Herrera.
Las verificaciones en el transporte colectivo buscan evitar el aumento de contagios por COVID-19, y las medidas establecidas dentro de las unidades es el uso obligatorio de mascarilla, la aplicación y disponibilidad del alcohol gel, e impedir las aglomeraciones dentro de las unidades.
«Verificamos los diferentes aspectos que contemplan el protocolo de bioseguridad, que las unidades no vayan sobrecargadas y que los motoristas ocupen su mascarilla», explicó el director general de Transporte Terrestre. Raúl López Velado.
El funcionario hizo un llamado a la población a protegerse y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para que el virus no se propague.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador envío a juicio a Rubén Darío Acebo Cedeño, de 38 años; Hipólito Perlaza Moreno, de 58; ambos de nacionalidad ecuatoriana, y Norberto Valencia Arroyo, de 29 años, de nacionalidad colombiana, acusados por traficar más de 1,300 kg de cocaína valorados en más de $33 millones.
«Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional el 9 julio del 2025, a 600 millas náuticas al sur de la Bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, La Paz», informó el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los tres imputados se transportaban a bordo de una embarcación de bajo perfil o semi sumergible con 1,326 kg de droga que tras analisis resulto ser cocaína, con un valor de $33,335,640.
«El Salvador no es, ni será, un refugio para el crimen organizado, cada operativo, cada captura, cada tonelada de droga confiscada, es un paso hacia la construcción de un país más seguro», indicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante la presentación de los imputados.
A los extranjeros se les incautó una embarcación LPV, una antena de servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos GPS y un rastreador satelital.
«Gracias a la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía, durante la audiencia preliminar, se logró establecer la participación de los tres extranjeros en el delito de tráfico ilícito», expresó el fiscal.
En otro caso, el 12 de mayo, los ecuatorianos Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Los extranjeros fueron ubicados por elementos de la Marina Nacional el 7 de febrero 2025 en altamar y se les intervino a 515 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Al verificar la embarcación, las autoridades encontraron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína, en total transportaban 1,795 kg de cocaína, valorada en $45,126,300. En la audiencia, la FGR aportó abundante prueba para lograr la sentencia.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo anunciaron que un nuevo grupo de salvadoreños partirá del país en los próximos días para desempeñarse en distintas posiciones como parte de Programa de Migración Laboral.
El asesor del Despacho Ministerial, Adonay de Paz, informó que quienes viajarán en los próximos días se instalarán en estados como Ontario, Quebec, o Columbia Británica.
«Van a un país donde hay un amplio espíritu y cultura de cumplimiento de ley, de altos estándares laborales y eso es algo que está en el corazón del programa asegurarnos de brindar oportunidades laborales que sean seguras y estables», mencionó el funcionario.
Indicó además que el grupo se desempeñará en posiciones como: limpieza, cocina, atención al cliente, y puestos gerenciales en restaurantes de la nación norteamericana.
También señaló que desde su creación en 2019, el Programa de Migración Laboral ha favorecido a cientos de salvadoreños quienes han mejorado sus condiciones de vida.
Uno de los beneficiados, Marlon Hernández, manifestó su agradecimiento por esta oportunidad, y aseguró que su objetivo es crecer como trabajador y apoyar económicamente a su familia.
También agradeció al Ministerio de Trabajo, y al presidente Nayib Bukele por la implementación de este tipo de iniciativas que permiten el desarrollo de los beneficiados y sus familias.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolla juicio contra 92 pandilleros de la 18, a quienes se les procesa por 27 homicidios agravados, 12 desapariciones de personas, nueve casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, cometidos en el distrito de San Martín, San Salvador Este.
«Los crímenes que se pretenden resolver con este juicio ocurrieron entre 2017 y 2022 en diferentes zonas de San Martín», dijo el fiscal del caso.
Entre los casos que se busca resolver está la desaparición y posterior homicidio agravado de un motorista de la Ruta 140, cometido en 2022.
De acuerdo con el reporte judicial, la víctima desapareció la noche del 24 de enero del 2022 luego que terminara su jornada laboral. En las investigaciones se señala que el motorista le comentó a un conocido que los sujetos lo habían contactado y dicho que querían hablar con él en San Martín.
La víctima también le mencionó que iría después de guardar el microbús porque «no temía, ya que no debía nada».
Sin embargo, cuando se reunió los pandilleros le quitaron la vida a machetazos, lo desmembraron y enterraron su cuerpo en una zona rural del cantón San José Primero, de San Martín. La denuncia de su desaparición ocurrió un día después.
«Hicieron un agujero y lo enterraron, ya desmembrado, en el mismo lugar. Tras la búsqueda de las autoridades, el 9 de marzo del mismo año el cuerpo fue encontrado», detalló el informe judicial.
