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Cerca de 236 infracciones de tránsito han sido aplicadas por sobrepasar la cantidad de pasajeros
Desde tempranas horas de este 12 de octubre, alrededor de 100 puntos de control vehicular han sido instalados en diferentes zonas de El Salvador de manera simultánea para verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad en el transporte público.
Las inspecciones llevan realizándose durante 10 días, bajo un trabajo coordinado por las autoridades el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Viceministerio de Transporte; y desde entonces, cerca de 236 infracciones han sido aplicadas a los conductores, especialmente por sobrepasar la cantidad de pasajeros dentro de las unidades.
«La ley permite hasta un 15% de personas paradas, respecto a la capacidad que tiene una unidad de transporte. Muchos han excedido la cantidad y por eso hemos colocado infracciones», explicó el ministro del MOP, Romeo Herrera.
Las verificaciones en el transporte colectivo buscan evitar el aumento de contagios por COVID-19, y las medidas establecidas dentro de las unidades es el uso obligatorio de mascarilla, la aplicación y disponibilidad del alcohol gel, e impedir las aglomeraciones dentro de las unidades.
«Verificamos los diferentes aspectos que contemplan el protocolo de bioseguridad, que las unidades no vayan sobrecargadas y que los motoristas ocupen su mascarilla», explicó el director general de Transporte Terrestre. Raúl López Velado.
El funcionario hizo un llamado a la población a protegerse y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para que el virus no se propague.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
