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CASO CORRUPTELA EN CONTRA DEL EMPRESARIO ENRIQUE RAIS Y OTROS SEÑALADOS SE CAE

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Este miércoles se comprueba que el caso “corruptela” que el ex fiscal General de la República, Douglas Meléndez, y su equipo de fiscales fabricó en contra del empresario Enrique Rais y otros imputados no va a prosperar luego que el Juzgado 7º de Paz, de San Salvador, revocara el criterio de oportunidad a seis personas. 

En una audiencia especial la jueza 7ª de Paz revocó  la oportunidad de criterio que en su momento fue promovido por el equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) y luego autorizado por el mismo juzgado, a cuatro fiscales y dos empleados administrativos del ministerio público.

 El abogado de los seis empleados señaló que la resolución de la jueza se basó en que  “estas personas no han cometido delito alguno, entonces mal se haría en realizar un proceso injusto en el que los han obligado a aceptar hechos que no han cometido”.

Otro aspecto que la jueza tomó en cuenta es la parte procedimental, la parte de los derechos y garantías fundamentales de todos los procesados que fueron “vulnerados por parte de las personas que llevaron a cabo esta investigación y otorgaron el criterio de oportunidad en su momento”, según señaló Ayala. 

Pese a que la jueza dio por sentado de que fueron obligados a rendir falso testimonio la Fiscalía este día llegó a la audiencia especial con la finalidad que el caso siguiera de forma automática aunque los ofendidos no obtuvieran el criterio de oportunidad y en su lugar siguieran procesados como cualquier otro imputado.

No obstante los abogados defensores se negaron a este camino bajo el argumento que es “seguir socavando los derechos y garantías fundamentales de las personas” y solicitaron a la jueza que informe a la FGR para que ellos tomen medidas al respecto.

Según los denunciantes, fueron obligados y amenazados a rendir declaraciones falsas en el sonado Caso Corruptela, que fue utilizado por Meléndez para su fallida reelección.

Una investigación que Diario Digital Cronio publicó en el mes de febrero reveló que el ex titular de la Fiscalía General de la República obligó a cuatro fiscales y dos empleados administrativos a aceptar hechos delictivos que no habían cometidopara incluirlos en el caso que preparó para atacar a personas que no son de su agrado. 

Durante toda la administración del ex fiscal Douglas Meléndez diferentes actores políticos y de la sociedad le criticaron el abuso de criteriados para fundamentar y sostener sus casos, dejando a un lado otros tipos de investigación. 

Uno de los que señaló que conocía de estas prácticas fue el ex ministro de Defensa, David Munguía Payes, quien en una conferencia de prensa dijo conocer a personas afectadas que “se fueron a quejar inclusive con nosotros, en donde los querían obligar a los testigos a decir cosas que no le constaban, bajo amenazas de que si no lo hacían los iban a involucrar en los crímenes”, señaló.

El exfiscal general Douglas Meléndez es el principal señalado en la denuncia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Una persona que hizo señalamientos en contra del ex fiscal Meléndez, fue el columinista Paolo Luers quien en una de sus habituales cartas recriminó a Meléndez por “no apartar a los fiscales que manipulan testimonios o pruebas”.

En el caso Corruptela no ocurre algo diferente, los abogados señalan que se basa en el testimonio de las seis personas mencionadas, quienes debieron esperar a que Meléndez saliera de su cargo para revelar los vejámenes y chantajes a los que fueron sometidos para ser criteriados y firmar declaraciones previamente elaboradas con contenido falso por el equipo fiscal auxiliar de Douglas Meléndez.

En su momento la abogada e influencer en las redes sociales Bessy Ríos señaló el tortuoso camino al que fueron sometidos los seis trabajadores para fundamentar el caso que el ex fiscal buscaba para aumentar su popularidad y lograr su reelección.

En el caso Corruptela trabajaban el exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza, Carolina Beatriz Torres Hernández , David Alfonso Ramírez Guevara y Héctor Nahúm Martínez García, estos dos últimos ya han renunciado del Ministerio público.

En medio de esta situación, se espera que el fiscal general de la República Raúl Melara se pronuncie al respecto en honor a la verdad y la justicia para que la población conozca el proceder de la institución ante estas malas prácticas que debilitan la imagen institucional.

Ya anteriormente Melara señaló que esto deriva a un procedimiento de investigación interna y que “en el momento en el que el auditor fiscal pueda denotar el cometimiento de un ilícito, lo suspende y lo deriva a la unidad correspondiente para que sea una investigación formal y determinar si hubo coacción (fuerza o violencia para obligar a alguien a hacer o decir algo), o lo que sea… algunos indicios habrá”.

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Retrasan audiencia en proceso por millonario desfalco en empresa de telecomunicaciones

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En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.

Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.

Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri

Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.

El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.

Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.

La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas

El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.

Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.

No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.

Denuncian conexión con funcionaria judicial de El Salvador

Otra de las polémicas del caso, es la reciente denuncia de sobre la visita de un abogado salvadoreño en la cárcel de Guatemala al principal sospechoso del fraude, Jorge Gaitán Castro. La situación se complica por que el señalado es esposo de una funcionaria judicial de la rama de familia en El Salvador.

Fuente cercana al proceso en Guatemala, han señalado cómo de manera constante han tenido sospechas de corrupción generalizada alrededor del proceso con miras a liberar a Gaitán Castro. Sin embargo, por el momento continua preso en Guatemala y con procesos pendientes en El Salvador.

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Ratifican fondos para programa educativo con innovación digital

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Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.

Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.

La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.

«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.

En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.

La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.

Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.

«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.

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El Salvador fortalece su proyección internacional

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El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.

Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.

Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.

Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.

En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.

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