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BCIE canalizará $350 millones para apoyar políticas de desarrollo de El Salvador
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó que aprobó $250 millones provenientes de su Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo (OPD) Con el objetivo de apoyar a El Salvador en su recuperación económica, mediante una estrategia de desarrollo resiliente orientada en la mitigación y adaptación al cambio climático.
El banco de desarrollo indicó que su programa OPD tiene el propósito de promover el crecimiento económico equilibrado, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y el combate al cambio climático en sus países miembros.
«Nos complace aprobar una segunda OPD a nuestro socio fundador de la república de El Salvador para apoyar en la aplicación de las acciones de política con resultados del desarrollo que ha establecido como prioritarios para mantener su estabilidad macroeconómica y velar por el bienestar de más de 6.5 millones de habitantes, con especial énfasis en grupos vulnerables», resaltó el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.
Para el logro de este objetivo, el BCIE añadió que gestionará recursos con fuentes externas hasta por $100 millones adicionales a los $250 millones que se aprobaron, bajo el mecanismo de cofinanciamiento, sujeto a la aprobación establecida en el financiamiento por dichas fuentes.
Entre las políticas de desarrollo que se apoyarán mediante este financiamiento se encuentra el fortalecimiento de la administración de ingresos y gastos del Gobierno a través de medidas para reducir la brecha fiscal enfocadas a incrementar la recaudación tributaria, disminuyendo el contrabando y la evasión fiscal.
Además, incluye la mejora de la fiscalización a través de la implementación de la factura electrónica; así como la reactivación económica y fomento del comercio e inversión directa local y extranjera.
Esta operación, según el BCIE, también contempla la acción climática y la transición energética, baja en emisiones, incentivando acciones relacionadas con la adaptación y mitigación, así como el impulso a la transición tecnológica del sector movilidad.
También, busca proteger grupos vulnerables, impulsando acciones orientadas a mejorar las condiciones sociales que apoyen la reducción y la prevención social de la violencia, con énfasis en la erradicación de la violencia contra la mujer.
Esta es la segunda OPD que el BCIE aprueba a El Salvador, la primera fue el 26 de agosto de 2020 para la reactivación económica del país, la atención a grupos vulnerables, la salvaguarda del empleo y fortalecer la estabilidad macroeconómica.
Las condiciones financieras serán a un plazo de 20 años, incluyendo cinco años de período de gracia y una tasa de interés anual indicativa del 7.41 %.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
