Nacionales
Residentes de Soyapango ahora viven sin temor a las pandillas gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno
Hace unos años vivir o transitar por Soyapango era un temor para la población, ya que el municipio estaba asediado por las pandillas que delinquían en el municipio, fue etiquetado por los gobiernos anteriores como zona de alta peligrosidad por las cifras de homicidios, extorsiones y violaciones, sin embargo, ahora todo es diferente, esto gracias a las medidas de seguridad que se están ejecutando por la actual administración.
Desde que inició el Plan Control Territorial (PCT), las autoridades le apostaron a reforzar la seguridad en el municipio y esto logró reducir la violencia homicida hasta en 75%, y con el régimen de excepción y el cerco de seguridad ejecutado hace unos días el accionar delictivo de las pandillas se ha eliminado por completo.
Para «Claudia», dueña de un comedor ubicado en el centro de Soyapango, dice que desde que inició el régimen «se notó el cambio, cuando se llevaron a un montón de estos muchachos, ahora ya con el cerco, todo es seguridad, no se ve nada extraño», asegura la comerciante quien tiene aproximadamente 13 años de mantener su negocio en el municipio.
La ciudadana reitera que ya no tiene temor a las pandillas, «antes acá venían a pedirme la renta [extorsión] o incluso uno no podía estar con el celular en la mano porque se lo pasaban arrebatando, ahora ya nada de esto. Estoy muy agradecida por las medidas que se están tomando», afirma.
Soyapango ha sido uno de los municipios a los que más atención [respecto a seguridad] le ha dado el gobierno a través del Gabinete de Seguridad, es por ello, que el pasado 3 de diciembre el presidente de la República, Nayib Bukele ordenó establecer un cerco militar como parte de la quinta fase del PCT llamado «Extracción» y que va tras pandilleros.
Actualmente en el municipio es normal para los pobladores, entre niños, jóvenes y ancianos transitar junto a los soldados o verlos patrullar en las colonias y es que ahorita se encuentran desplegados 8,500 soldados y 1,500 policías para tomar posiciones estratégicas y cercar a los pandilleros. Entre las acciones que se están ejecutando desde que se implementó el cerco militar están los controles vehiculares, controles de revisión, patrullajes aéreos, patrullajes con drones y terrestres.
El presidente Bukele, cuando lanzó esta nueva fase del plan insignia de seguridad, explicó que la idea era cercar municipios para lograr extraer a todos los pandilleros que aún siguen delinquiendo en barrios y colonias. Autoridades de Seguridad han reiterado que están cumpliendo este objetivo, ya que, en menos de una semana, lograron arrestar a más de 230 mareros que cometían ilícitos en el municipio y atemorizaban a la población.
Para «Rosa», una ciudadana que vive en El Sauce, una zona que estuvo acorralada por pandillas, la presencia de policías y soldados le transmite seguridad. «Yo me siento tranquila, nosotros estábamos en una zona límite entre pandillas y por eso teníamos más problemas. Yo me siento segura y tranquila cuando veo pasar a soldados y policías fuera de la casa. Incluso ahora hasta pasan vendedores ofreciendo verduras, sorbetes y otras cosas, antes los mareros no los dejaban pasar», narra.
Además, en el cerco de seguridad instalado se está utilizando equipos tecnológicos para localizar y capturar a los mareros que están acorralados en diversas colonias de ese municipio, entre ellos, el uso de drones y vehículos blindados de última generación equipados con modernos sistemas electrónicos.
«Yo apruebo totalmente las medidas de seguridad, nosotros nos sentimos protegidos, incluso hasta los niños ahora ya admiran a soldados y policías, conviven con ellos, no como antes que, al verlos, era porque andaban buscando a alguien, ahora es porque solo están dando seguridad», expresó Laura Ortiz, quien vive en la comunidad Río Las Cañas, Soyapango.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
