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Autoridades han incautado más de 4,000 vehículos a grupos terroristas
Las pandillas han sido desarticuladas en El Salvador y además debilitadas en su economía con la incautación de ilícitos como vehículos con los que se trasladaban y cometían cientos de delitos, solo, bajo el régimen de excepción, las autoridades les han decomisado más de 4,000 a estas estructuras.
El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, asegura que esta medida constitucional ha permitido obtener resultados irrefutables contra las pandillas, ya que la cultura terrorista se ha derribado, eliminado y neutralizado.
Las autoridades han afirmado que las estructuras delincuenciales utilizaban los vehículos, entre ellos buses, camiones, mototaxis, pick ups, motos, etc, para transportar droga, víctimas, armas o incluso para desplazarse a recoger la extorsión a diversos negocios.
«Incluso hubo una estructura de pandilla que se capturó y que utilizaban un camión como cobertura para llegar a muchos de esos negocios y adentro del furgón iban varios delincuentes. En 30 años, los pandilleros habían logrado tener cierta sociedad paralela donde tenían negocios en mercados, taxis, mototaxis, ubers y otras actividades», indicó en su oportunidad el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario ha explicado en reiteradas ocasiones que las pandillas se habían adueñado de diversas fuentes o actividades económicas en las comunidades, lo cual les permitió generar recursos. «Si estás en el rubro de frutas y verduras necesitas camiones, si estás en el área de transporte, necesitas buses, microbuses, es decir, que estos grupos se han enquistado en la sociedad donde de alguna manera ha reinado la informalidad, son gente que no se ve tributariamente pero ahí es donde se habían involucrado. Muchos de ellos por ello lograron impactar estructuras económicas y gobiernos locales», ha dicho Villatoro.
El titular de Seguridad afirma que «luego ya de casi 17 meses, vamos a la décima octava prórroga del régimen de excepción, podemos decir con mucha propiedad, pero sobre todo con los datos en la mano que estamos ejecutando bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele la mejor política de seguridad pública, nunca vista en este hemisferio».
Recursos para seguridad
«La riqueza del crimen puesta en contra del crimen», ha dicho el presidente, Nayib Bukele y es que en el último año un número importante de vehículos que estuvieron en manos de las pandillas ahora son utilizados como recurso de la Policía para combatir a estas estructuras criminales.
Recientemente Arriaza Chicas explicó que «todos los procedimientos van a disposición de Fiscalía y luego al Conab (Consejo Nacional de Administración de Bienes), es importante que la población lo sepa que de los vehículos que le hemos quitado a estas estructuras criminales más de 400 están en apoyo a la Policía».
Agregó que «los recursos que el crimen organizado ocupaba para hacerle daño a la población hoy los estamos ocupando para combatirlos a ellos y para proteger a las familias salvadoreñas».
Además de los vehículos las autoridades han incautado a los más de 72,500 pandilleros, más de $2 millones en efectivo, drogas y más de 3,500 armas.
«Armas de uso privativo de la Fuerza Armada estamos hablando de más de 300 fusiles, armas largas y el resto entre pistolas, granadas, subametralladoras, lanza cohetes, armas industriales y otras», explicó Arriaza Chicas.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
